La bancada de Renovación Popular, a iniciativa de la congresista Noelia Herrera Medina, presentó un proyecto de ley que propone incorporar como causal de vacancia de gobernadores regionales y alcaldes la no ejecución del presupuesto anual.
Se trata de la iniciativa legislativa 581/2021-CR, que plantea modificar el artículo 22° e incorporar el numeral 11° en este artículo de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como modificar el artículo 30° e incorporar el numeral 6° en este artículo de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
La propuesta legislativa busca promover la ejecución y administración del gasto público de los créditos presupuestarios asignados a los gobiernos locales y regionales.
Del mismo modo, plantea garantizar la eficiencia a través de la inclusión de la nueva causal de vacancia para alcaldes y gobernadores regionales que no ejecuten sus presupuestos en un rango mayor al 40% anual.
También detalla que de declararse la vacancia de dichas autoridades, de oficio se establecerá la responsabilidad administrativa de los funcionarios responsables de la ejecución presupuestaria.
En la exposición de motivos se señala que según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lo que va del 2021 en el índice de avance de ejecución sólo dos gobiernos regionales en todo el país han superado el 60% de ejecución de gasto.
Además, otras 10 gestiones regionales no han podido superar más del 40% de avance de ejecución. Otras 4 regiones tienen en promedio un margen de 30% de ejecución en el mismo índice, siendo la región Puno la que ostenta la cifra más baja (28.7%).
Finalmente, el documento señala que la propuesta beneficiará a la población pues será un “aliciente” para que tanto los alcaldes como los gobernadores regionales hagan uso efectivo de los recursos públicos.
“El gobierno central también se beneficia pues la población tendrá una mejor calidad de vida al motivar la ejecución de gastos públicos, sin embargo aquel deberá tener mayor control sobre los proyectos que se ejecuten en los gobiernos locales; pues se corre el riesgo de gastar el presupuesto público en proyectos que no tengan impacto positivo en la población o que no mejoren sus condiciones de vida, por lo que será necesario implementar mejores controles sobre la aprobación de proyectos de inversión”, refirió.
