Hace unos días se llevaron a cabo , las elecciones generales 2021 que dejaron en segunda vuelta a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori, ambos candidatos tendrán que pelear por el sillón presidencial el domingo 06 de Junio, día que se llevará a cabo la segunda vuelta.
Ante la posibilidad de que la hija del recluido Alberto Fujimori llegue a Palacio de Gobierno a partir del miércoles 28 de julio, cabe preguntarse sobre qué sucederá con la acusación fiscal y el inicio del proceso judicial en su contra, y la cúpula de Fuerza Popular, por el caso de los presuntos aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht y el grupo Credicorp.
Como se recuerda, el 12 de marzo reciente, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión contra la lideresa fujimorista, por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción de la justicia y falsa declaración. Se tiene previsto que la etapa de control de acusación se inicie en las semanas siguientes.
Tras dos años de investigación preparatoria, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato informó al Poder Judicial que concluyó la investigación preparatoria y solicitó la drástica condena para siete implicados en el caso, entre los que están Keiko Fujimori y parte de la cúpula de Fuerza Popular, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona y José Chlimper, quienes presuntamente participaron en la recepción de supuestos aportes ilegales.
Según el Ministerio Público, Keiko Fujimori y otros investigados recibieron aportes ilícitos para financiar las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011, con el partido Fuerza 2011, y de 2016 con Fuerza Popular. Estos montos habrían tenido como fuente a Odebrecht y también al grupo Credicorp (con aportes de más de US$ 3 millones de parte de Dionisio Romero Paoletti, presidente de ese grupo bancario).
Blindaje por investidura
Sin embargo, un eventual triunfo de la candidata fujimorista paralizaría todo lo avanzado por la Fiscalía sobre su caso. Al respecto ,El experto en derecho penal y constitucional Omar Cairo, indicó que de convertirse en presidenta, Keiko Fujimori quedaría blindada por la Constitución y no podría ser procesada penalmente durante los próximos cinco años, a pesar de que el fiscal Pérez ya presentó acusación contra la candidata presidencial. La protección constitucional se aplicaría entre el 28 de julio de 2021 y el 28 de julio de 2026.
El abogado Cairo explicó que la Constitución protege la figura presidencial. Según el artículo 117 de la Carta Magna, solo se puede acusar al jefe de Estado por cuadro delitos específicos: traición a la patria, por impedir la realización de elecciones, por disolver el Congreso ilegalmente o por impedir el funcionamiento de los organismos electorales.
Cairo agregó que la lideresa de Fuerza Popular tampoco podría ser acusada constitucionalmente, pues el artículo 99 de la Carta Magna estipula que el Congreso solo puede acusar al presidente de la República por delitos que comentan en el ejercicio de sus funciones y que estén referidos a los del artículo 177 de la norma máxima, entre los cuales no se encuentra el delito de lavado de activos u organización criminal.
Omar Cairo precisó que si bien, de obtener la presidencia, el proceso penal podría quedar paralizado respecto a Keiko Fujimori, el juicio podría continuar con su esposo Mark Vito, y los integrantes de la cúpula fujimorista, como Ana Hertz, Pier Figari, Jaime Yoshiyama y otros involucrados en el presunto ilícito de lavado de activos y organización criminal por el caso Lava Jato.
El martes 13 último, el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, quien lleva la investigación contra Fujimori, solicitó al fiscal Rafael Vela que se adopten las medidas necesarias para evitar que prosigan y escalen los «actos de amenaza, provocación, incitación al odio y violencia» en contra de él y de su familia, de parte de la acusada y actual candidata presidencial.
En su solicitud, Pérez adjuntó como medio de prueba un video publicado por la lideresa de Fuerza Popular en Twitter, el 11 de marzo, en el cual Fujimori afirma que el fiscal «quiere ser un actor político en las elecciones».
