El Congreso aprobó ayer por insistencia, la ley que establece que ninguna entidad del Estado podrá contratar personal bajo el régimen CAS. Eso quiere decir que se dispone el traspaso progresivo de los trabajadores estatales en esta modalidad al régimen 728 o el 276, de acuerdo al presupuesto de cada institución.
Este proyecto del Congreso ya había sido observado por el Poder Ejecutivo en enero de este año. El Gobierno había indicado que la implementación de esa ley costaría cerca de S/4,244.7 millones y también argumentó que los cambios planteados afectan “al acceso e incorporación de servidores a la administración pública y se opone a la reforma del servicio civil”.
Además, indicaron que que el régimen CAS es solo transitorio y creado para regularizar la situación laboral de trabajadores en contratos de locación de servicios, por lo que es probable que el Ejecutivo recurra nuevamente al Tribunal Constitucional (TC).
