Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue detenido tras ser acusado de cobrar una coima a una madre de familia, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según la víctima, el policía junto a dos implicados que trabajan en la comisaría de Canto Rey, le exigieron un pago de S/1.000 a cambio de no llevar a sus hijos a un albergue.
De acuerdo con América Noticias, el pedido de detención preliminar de 72 horas estuvo a cargo del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este. Entre los policías acusados figura el suboficial PNP Sergio Antonio Soplapuco Vilchez, quien fue intervenido el último martes cuando se encontraba dentro de la División Policial de Lima Este. Será investigado por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
Los otros investigados son el suboficial Eiffel Ccalla Torres y el ciudadano Jesús Miguel Gamarra Sifuentes, contra quienes la Policía Nacional ya emprendió el respectivo proceso de búsqueda por estar no habidos.
La denunciante, Marisol Flores, aseguró que los dos policías le cobraron de mil soles a cambio de no llevar a sus cuatro menores hijos a un albergue, ni denunciarla junto a su conviviente por el presunto delito de abandono y maltrato de los niños.
Gamarra Sifuentes, de otro lado, fue también involucrado debido a que habría facilitado su número de cuenta bancaria para que se transfiera el dinero solicitado por los coimputados.
Los detalles de la conversación entre ambos policías y los agraviados fueron registrados en audio por la pareja de la denunciante. El Ministerio Público determinará si las voces de los policías acusados corresponden a los audios grabados por los esposos.
Además de dicha evidencia, la fiscalía cuenta también con los voucher de la transferencia de dinero en tres partes que la hermana de Marisol Flores Lalangui realizó a la mencionada cuenta bancaria.
América Noticias indicó que la Dirección de Comunicaciones de la Policía Nacional no brindará un pronunciamiento oficial hasta que culminen las investigaciones que viene realizando Inspectoría de la Policía respecto a este caso.
El requerimiento de detención preliminar que la fiscalía realizó inmediatamente después de abrir investigación el pasado 30 de julio, fue autorizado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima Este.
La sanción que el artículo 395-A del Código Penal establece para el delito que se les atribuye oscila entre 6 y 10 años de pena privativa de la libertad.
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