Hace 15 días, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, fue liberada tras permanecer 13 meses con prisión preventiva por la investigación por el delito de lavado de activos sobre la presunta recepción de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht y de otras fuentes. El dinero se habría usado para sus campañas electorales del 2011 y 2016.
Sin embargo, la excandidata presidencial afrontará la ampliación del pedido de prisión preventiva con elementos que, a consideración del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, resultan nuevos y fortalecen la teoría de su investigación, de acuerdo al requerimiento del Ministerio Público al que accedió El Comercio.
El 26 de este mes, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga evaluará el pedido contra Keiko Fujimori Higuchi, a fin de determinar si los nuevos elementos de convicción revisten de la gravedad alegada y si ello incrementaría el riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia.
De acuerdo al cálculo del Ministerio Público, con los nuevos elementos de convicción y las condiciones en las que se desarrolló la investigación en el último año, Keiko Fujimori estaría destinada a cumplir una pena de 24 años y 10 años de cárcel.
La pena sería por los delitos imputados (lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo).
Según la fiscalía, el cálculo de la posible sanción se debe a que las imputaciones darían cuenta de que los hechos se cometieron bajo el “concurso real de delitos”; por tanto, se tendría que sumar cada una de las sanciones a imponerse.
Sin embargo, no es la primera vez que la excandidata presidencial afrontará un pedido de prisión preventiva.
Su abogada Giulliana Loza calificó este requerimiento como un abuso de parte de la fiscalía. “No hay ningún elemento de convicción que valide que ella pueda volver a prisión, de hecho acaba de salir [de la cárcel], ha estado 13 meses privada de su libertad”, indicó.
—Prisión preventiva—
En octubre del 2018, el fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó un pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Fujimori y otras personas investigadas.
En esa oportunidad, la fiscalía apoyó su requerimiento en la confesión de los exejecutivos de la empresa Odebrecht, quienes manifestaron haber entregado US$1 millón a la campaña de la excandidata presidencial.
También se utilizó la declaración de testigos protegidos, como el 3-55-2017-TP, que confesó haber buscado aportantes fantasmas, y la declaración de los presuntos falsos donadores, que incluso manifestaron haber sido presionados.
De igual forma, se hizo uso de diversas comunicaciones entre los investigados y se sustentó que Fujimori –a través de su grupo político– habría buscado la ayuda de funcionarios del sistema de justicia –como el exjuez supremo César Hinostroza y el fiscal Pedro Chávarry– para obstaculizar sus investigaciones.
Con todo ello, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el pedido de la fiscalía y dispuso la prisión preventiva para la investigada.
—TC ordena la excarcelación—
Un año y un mes después, Fujimori Higuchi fue excarcelada con los votos en mayoría del Tribunal Constitucional (TC).
Los magistrados Ernesto Blume (presidente del TC), José Luis Sardón y Augusto Ferrero consideraron que no se corroboró el peligro de obstrucción a la investigación por parte de Keiko Fujimori. Mientras que para el magistrado Carlos Ramos, al haberse disuelto el Congreso de la República, la investigada no tendría el poder político de su bancada para obstruir la investigación.
Por tanto, el recurso de hábeas corpus que Sachie Fujimori presentó a favor de su hermana Keiko Fujimori fue declarado fundado.
Esto pese a las críticas que generó la decisión, ya que la orden de prisión preventiva para la excongresista había sido ratificada en todas las instancias del Poder Judicial.
—Nuevos y graves elementos—
Para el fiscal Pérez, el delito de lavado de activos cometido por Keiko Fujimori se ha fortalecido con las declaraciones de colaboradores eficaces, testigos y los mismos aportantes que recientemente han acudido a su despacho para esclarecer los hechos.
Para ello ha presentado una relación de 140 elementos de convicción nuevos como parte de la fundamentación del requerimiento de prisión preventiva.
Por tanto, para la fiscalía toda la maquinaria y actos realizados por la excongresista y sus coinvestigados, para ocultar el ingreso del dinero ilícito y darle apariencia de legalidad, constituyen una asociación ilícita para delinquir.
“En razón a que, en circunstancias en las cuales Keiko Fujimori era candidata a la presidencia de la República, durante la campaña política presidencial del año 2016, formó parte de una organización que, con la finalidad de obtener activos ilícitos, provenientes de personas naturales y jurídicas, activos que no fueron declarados con la finalidad de convertir, transferir, ocultar y tener activos ilícitos, cuya procedencia podía presumir”, indica el fiscal.
—También fraude y falsa declaración—
Según la tesis fiscal, como toda organización criminal en ese caso se cuenta con una cúpula o dirigentes que son las personas encargadas de la dirección, coordinación y supervisión “de actividades criminales”.
La fiscalía ratificó que Fujimori habría recibido aportes de procedencia delictiva, los cuales, además, fueron ingresados subrepticiamente con aportes simulados, que fueron declarados en las campañas electorales del 2011 y 2016.
Que Fujimori Higuchi como integrante del núcleo duro de la organización criminal, al interior del partido Fuerza Popular (antes fuerza 2011) dispuso la figuración de “falsos aportantes” dentro de su información económica-financiera de ingresos obtenidos y de control de aporte de la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la oficina nacional de procesos electorales- Onpe.
En ese caso, sostiene la fiscalía que la participación de la excandidata presidencial, en la figuración de aportes falsos, quedó corroborado con lo declarado por Yoshiyama Sasaki, quien sostuvo que “para la campaña presidencial del 2016, siendo ya amigo de Keiko Fujimori, ella me pide buscar falsos aportantes para el partido de fuerza popular, me manifiesta como lo hic en el año 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona Martinez para que ella le entregue dinero para ser depositado al partido fuerza popular”
A ello, se le suma la declaración de Dionissio Romero Paoletti, quien según lo describe la fiscalía, dijo que conocía sobre los aportes fraudulentos al sostener que “mi familia decidió hacer un aporte a la agrupación Fuerza Popular por $450” y que Fujimori recibió personalmente el dinero “muy similar a la campaña del 2011; yo llevaba dinero en efectivo de mi oficina y le entregaba el dinero en maletín o en otras ocasiones en sobre manila o plástico”.
Por tanto, Fujimori y sus co-investigados no solo habrían presentado aportes falsos ante la Onpe; sino que presentaron información económica-financiera de ingresos obtenidos y gastos efectuados, falsos. Esto, habría generado un perjuicio en la labora de supervisión estatal de la Onpe.
—Peligro de obstrucción y denuncia contra fiscales—
Según el requerimiento de prisión preventiva, el fiscal sostiene que se puede acreditar que a la fecha subsiste el peligro de obstaculización como elementos a considerar para la imposición de la medida de prisión preventiva en contra de la imputada Keiko Fujimori, lo cual se presenta en nivel más intenso de sospecha.
Se trata, indica Pérez, de una “Sospecha grave”, conforme lo exige el Acuerdo Plenario 01-2019 de setiembre del 2019. Para ello, presentó la declaración de 132 testigos entrevistados por el fiscal, incluyendo a personas ya anteriormente interrogadas, que ampliaron sus declaraciones.
Además, para sostener la obstaculización, Pérez relató actos de obstrucción a través del Ministerio Público y del Poder Judicial. Por ejemplo, reseñó que según el Testigo protegido -3-55-2017-TP la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, era para “conseguir que las investigaciones que se hacen a Fuerza Popular, bajen de intensidad”.
En esta parte, también se reseña el pedido que hizo Keiko Fujimori para apoyar a Pedro Chávarry para que sea electo fiscal de la Nación. Adicionalmente, indica el testigo, Chávarry removió en diciembre del 2018 a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato.
También se relata la obstrucción a través del exjuez César Hinostroza quien habría tenido acercamientos con la lideresa de Fuerza Popular, según declaración de un testigo protegido. En esta versión se sostiene que fue a través del empresario Antonio Camayo que se logró el acercamiento.
—¿Pude volver a prisión?—
Según el abogado penalista, Carlos Caro, este pedido de prisión preventiva “es difícil que pueda ser acogido» porque abunda en información sobre nuevos elementos del delito, pero no basta eso para sustentar una medida de esa naturaleza”.
“Lo que se refiere sobre todo al peligro procesal esa parte está débil porque al parecer, gran parte es la misma historia que presentó en 2018 y que incluso el Tribunal Constitucional ya descartó”, anotó.
Explicó que los nuevos elementos de convicción presentados en esta oportunidad por el fiscal, en esencia son nuevos testimonios, declaraciones, colaboradores y testigos protegidos que abundan en la comisión de lavado de activos, “es decir de los graves y fundados elementos de convicción que es el primer requisito para la prisión preventiva”.
En ese sentido indicó que ello, por el contrario, es suficiente para que el caso pase de una vez a un juicio oral.
“Ya el fiscal tiene más que bastante información para llevar a un juicio oral y lo que debiera pasar acá es lo mismo que con el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia: que se presente la acusación y se vaya a juicio”, explicó.
En esa línea, consideró que el fiscal está presentando información de obstrucción a la investigación -otro de los requisitos para dictar la prisión preventiva- “con la misma foto del 2018”.
“No hay Congreso, no hay Hinostroza, la señora K, la presión a los testigos que ya declararon; y el único que quedaría en el poder es el caso del señor Pedro Chávarry, pero este está con comparecencia (…) entonces, el peligro procesal está debilitado y para una prisión preventiva debe haber un peligro real y manifiesto”, anotó.
El abogado consideró que en este caso lo que se puede optar es por imponer impedimento de salida del país, control biométrico, caución y todas las medidas restrictivas, “porque creo que el estándar -por el momento- no da para una prisión preventiva”.
“Su peligrosidad no ha aumentado (…) bajo eso, el juez frente a eso puede imponer medidas con restricciones, puede imponer una medida intermedia”, anotó.
