Lambayeque. La situación legal del alcalde suspendido de la Municipalidad Distrital de Olmos (MDO), Willy Serrato Puse, se complica más, en razón a su presunta responsabilidad penal por el caso de los proveedores fantasmas en su segundo período edil 2011-2014.
Es por eso que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos, por el delito de colusión agravada, solicitó seis años de pena privativa de la libertad y el pago de 300 mil soles de reparación civil para cancelar junto con sus coprocesados: el exgerente general Ulises Mendoza Dávila; el exasesor legal, Kovac Romero Yep; el exjefe del área de Mantenimiento, José Inoquio Puse; el extesorero Jesús Odar Inoquio; el exjefe de Presupuesto, Javier Roque Antón y el exjefe de DIDUR, Osver Salazar Díaz.
Cabe indicar que la lista de investigados es larga, pues suman 106; empero, la Fiscalía presentó ayer en el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios el requerimiento mixto de sobreseimiento para 78 y de acusación para 28 procesados.
El juez Reynaldo Carrillo suspendió la audiencia para que el representante del Ministerio Público fundamente cada caso y precise de manera específica el por qué del sobreseimiento para cada investigado.
Los hechos
La fiscal provincial Kerstin Rivera Herrera sostiene en su acusación que el suspendido burgomaestre y los exfuncionarios se habrían asociado para aprovecharse de los recursos del ayuntamiento.
Asimismo enfatiza que los investigados habrían cumplido diferentes roles para lograr sus objetivos y así apoderarse de ingentes sumas de dinero. Para ello, añade la fiscal, se simuló la realización de servicios y compras de bienes a favor de la municipalidad.
El Ministerio Público remarca que los hechos se habrían cometido en diferentes años, en los que se relacionan a proveedores con el municipio, además de utilizarse declaraciones falsas. Incluso la Fiscalía subraya que el dinero que se obtuvo con estas malas prácticas habría terminado en las manos de los investigados. Respecto al sobreseimiento, la Fiscalía asegura que se cumplen los supuestos para no acusar, como es la insuficiencia probatoria, la misma que no puede desvirtuar la presunción de inocencia.
La República
