El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, fue condenado a 8 años y 3 meses de prisión por el delito de colusión, debido a los pagos irregulares de más de S/235 millones efectuados durante la ejecución de la obra denominada «Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis”, durante su primer gobierno.
La jueza Nayko Coronado Salazar, del Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, sostuvo que existen suficientes medios para determinar que hay responsabilidad en el ex mandatario Álvarez y en varios ex funcionarios y miembros de la empresa contratista y supervisora con el indebido pago del adelanto de materiales, las ampliaciones de plazo y las prestaciones adicionales.
“Hemos verificado que ni bien se firmó el contrato con Odebrecht, al día siguiente se presenta el adelanto de materiales y adelanto directo de S/80 millones. Se otorgaron estos adelantos cuando no se tenía un terreno, un supervisor ni expediente técnico. Los funcionarios del gobierno regional propusieron este adelanto de forma irregular”, indicó la jueza.
Coronado Salazar agregó que el éxito de estas operaciones irregulares, dado en el marco de un pacto colusorio, consistía en que la empresa encargada de la obra recaude dinero en el tiempo más breve sin trabas de por medio.
“Todas las irregularidades tenían un sentido, el colaborador 2-2017 nos señala que todo esto era parte de un pacto colusorio del 2,5% (del soborno) para la entrega de la buena pro y la ejecución del contrato. Esto es un pacto que se iba a favorecer para que haya mayor liquidez y dinero a favor de la empresa (Odebrecht). Esto coincide con los S/155 millones del adelanto de materiales, con las ampliaciones de plazo, las prestaciones adicionales y por las planchas de policarbonato del túnel de la Punta Olímpica que no se colocaron (que supuso un ahorro de S/168 millones). El éxito de estas operaciones irregulares era el recaudo de dinero. Era importante contar con S/155 millones al inicio del año (2011)”, argumentó la magistrada.
Cabe indicar que el proyecto vial inició con un presupuesto de S/404’826.001, pero durante tres años de ejecución (2011 – 2013) se incrementó en S/559’322.708. Lo que supuso un aumento del 38,1 %.
El consorcio Vial Carhuaz San Luis, conformado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., estuvo a cargo de su ejecución.
La jueza también mencionó que la Contraloría reveló que la compañía se benefició con S/27’000.000 por una presunta sobrevalorización.
Al hallar culpabilidad en César Álvarez, la magistrada sancionó al ex mandatario regional con ocho años y tres meses de inhabilitación para ejercer la función pública. Además, dispuso que los nueve condenados paguen S/10 millones como reparación civil por daños extrapatrimoniales en forma solidaria. Sin embargo, Álvarez Aguilar cancelará el 80% de este monto hasta que se confirme el fallo judicial.
Nayko Coronado también ordenó que se investigue a Dirsse Valverde, ex funcionario del gobierno regional de Áncash, César Araujo Pereira y al grupo económico Odebrecht.
