A fines del mes de abril, la Contraloría realizará un operativo nacional de control para evaluar si la designación de funcionarios de confianza que realizan los gobiernos regionales y municipalidades provinciales, se ajusta a los perfiles profesionales para ocupar dichos cargos , afirmó el contralor, Nelson Shack.
Este anunció se dio durante el primer día de jornada de supervisión del control gubernamental y traslado del despacho contralor que se realizó en Barranca (Lima) y que en las próximas horas llegará hasta Huarmey, Casma y Santa, en la región Áncash.
Shack señaló que el operativo de control se realizará como resultado de los servicios de control que viene realizando la Contraloría en diversas provincias del país, donde se ha evidenciado estas situaciones, así como en atención a las denuncias recibidas respecto a que algunas designaciones en cargos denominados “de confianza”, como gerentes, directores o asesores, están siendo ocupados por personas que no calificarían en los perfiles profesionales señalados en directivas y normativa vigente.
El operativo de control –que se realizará en coordinación con Servir– permitirá recopilar información de primera mano sobre estos presuntos casos de incumplimientos de perfiles profesionales, posibles casos de perfiles que no están formulados de manera adecuada, entre otras situaciones, y contribuir a plantear soluciones integrales.
Reunión en Barranca
En la primera fecha de la jornada de supervisión, Shack se reunió con el alcalde provincial de Barranca, Ricardo Zender, y el cuerpo de regidores del Concejo Municipal. A ellos expuso cuatro temas puntuales que conforman el nuevo escenario de control, tanto para la comuna barranquina, como de las municipalidades provinciales que se viene visitando.
Estos temas son: la absorción del Órgano de Control Institucional (OCI) por parte de la Contraloría; la próxima aplicación del nuevo modelo de control concurrente a la ejecución de obras, bienes y servicios que realiza la municipalidad; así como el fortalecimiento de las capacidades y mejora de conocimientos de las autoridades locales mediante una capacitación a cargo de la Escuela Nacional de Control.
Del mismo modo, se planteó al Concejo Provincial la posible adopción de la iniciativa de la Contraloría General para la presentación de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses, con la finalidad de prevenir casos de nepotismo, evitar la indebida contratación de parientes y los conflictos de interés propios de actividades comerciales. “Sería una señal política de Transparencia hacia la ciudadanía”, manifestó Shack.
Respecto al tema del caso del observatorio de seguridad ciudadana de Barranca, señaló que se hizo una auditoría de cumplimiento que identificó responsabilidad penal en diez funcionarios de la comuna provincial. El caso se encuentra en la vía judicial y, en el marco del procedimiento administrativo sancionador (PAS), está siendo visto por el Órgano Instructor de Lima Provincias.
