Rodolfo Ramuchi no vacila en decir que es consumidor eventual de marihuana y que minutos antes de que dos policías lo intervinieran el viernes 2 de marzo en Jesús María, había fumado “un poco”. Es padre de un niño, trabaja repartiendo comida en su motocicleta y tiene 32 años.
“Estaba con un amigo en esta esquina [cuadra 7 de la avenida General Garzón] cuando vinieron dos policías en sus motos, uno de ellos me dijo de mala manera: ‘Has fumado, vamos a la comisaría’. En ese momento le pedí a mi amigo que grabe todo con su celular”, cuenta.
El video, colgado después en Facebook, es irrefutable. El suboficial David Fuentes extrae de su chaleco un envoltorio con marihuana e intenta colocarlo en el bolsillo del pantalón de Ramuchi.
“Le entregué mi DNI, pero él me perseguía para sembrarme la marihuana; el otro policía [Emerson Valles] no quería que grabemos”, dice y agrega que si no hubiera sido por ese video, él seguiría detenido en la comisaría.
Inspectoría de la Policía Nacional investiga a los dos suboficiales de la comisaría de Jesús María, por presuntamente haber cometido una infracción muy grave, que se sanciona con el pase al retiro o con la separación de la institución por dos años, sin posibilidad de cobrar sus sueldos. Las indagaciones terminarán en abril.
“No sé si el policía quiso sembrarme la marihuana para pedirme una coima después con la condición de dejarme libre”, dice Ramuchi.
–Manchando el uniforme–
El teniente general Gustavo Hananel, jefe de inspectoría de la Policía Nacional, es tajante en sostener que los dos agentes de Jesús María no cumplieron con los protocolos de intervención. “Es evidente que la actuación fue irregular. Cuando se interviene a una persona, el policía primero debe presentarse con su apellido y pedir el documento de identidad. Siempre con educación. Lo saben desde que estudian”, explica.
Según las cifras de la PNP, los suboficiales –quienes estudian dos años y medio, a diferencia de los oficiales que culminan la carrera policial en cinco años– son los que cometen más infracciones.
En el 2017, en el país, 7.411 policías fueron sancionados por medidas disciplinarias, de los cuales 6.753 fueron suboficiales.
Los agentes que pasaron al retiro por faltas muy graves sumaron 504. Las infracciones más recurrentes fueron porque ocasionaron accidentes de tránsito en estado de ebriedad, hicieron uso antirreglamentario del arma, no cumplieron los protocolos y cometieron violencia familiar.
Aunque no se tienen cifras oficiales del 2016, ese año se ordenó el pase al retiro de al menos 193 agentes que habían sido encarcelados por estar involucrados en bandas delictivas, extorsiones y tráfico de drogas.
En el 2015, pasaron al retiro a 905 agentes por la comisión de faltas. Según cifras del Ministerio del Interior, en el 2014 y 2013 se expulsó de la institución por infracciones a 611 y 467 policías, respectivamente.
En diciembre del año pasado se aprobó la Ley 30714, que regula el régimen disciplinario con sanciones más drásticas. Su reglamento se oficializará en los próximos días. “Estamos trabajando para tener una mejor institución. Cada día se presentan más de 20 denuncias contra oficiales y suboficiales. Los videos que muchas veces graban los que son víctimas de algún abuso policial ayudan a esclarecer los hechos”, resalta el inspector general.
Luis Naldos, director de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, sostiene que también hay investigaciones pendientes contra generales y otros oficiales por irregularidades en procesos de compra, contratación de servicio, recepción de donaciones y mal uso del personal.
“El año pasado descubrimos que en la Dirección de Criminalística, encargada de hacer peritajes y tomas de muestras en asesinatos y accidentes de tránsito, se había pagado un millón de soles por servicios a máquinas que estaban malogradas o no existían. El proveedor de ese servicio era un ex policía amigo del jefe de Criminalística”, detalla Naldos.
En el 2017, la Defensoría del Pueblo evaluó 230 comisarías en el país. Los resultados son reveladores. El 91% de estas dependencias tenía mapas del delito elaborados manualmente y el 25% de comisarios sostuvo que no recibió ninguna capacitación para asumir ese cargo.
Además, el 52% de estas comisarías no contaba con información visible para hacer una queja por la conducta policial. El informe será presentado esta semana.
El Comercio
