Luego que el inspector general de la Policial Nacional, teniente general PNP Gustavo Hananel García, hiciera una visita a las instalaciones de la comisaría de Canto Rey para recoger información sobre la actuación de los efectivos frente a la denuncia de la desaparición de la niña María Jimena Vellaneda, el director general de la institución policial resolvió cambiar de su puesto a todo el personal, 150 policías.
De acuerdo con fuentes de la PNP, el inspector general informó al director de la PNP, teniente general PNP Richard Zubiate Talledo, que había comprobado que los efectivos de la comisaría de Canto Rey no procesaron adecuadamente el caso de la menor María Jimena cuando sus progenitores informaron de su desaparición y solicitaron el apoyo de los policías para ubicarla.
Según reportó el teniente general Hananel al director policial, el comisario interino, capitán PNP Pierre Alvarado Pariño, inicialmente informó a sus superiores que María Jimena nunca había ingresado en el local policial para asistir a un taller de pedrería. Incluso la profesora que dictaba las clases –cuyo nombre se mantiene en reserva– también afirmó lo mismo. Por si fuera poco, las suboficiales que son parte de la Oficina de Participación Ciudadana –Juana Bazán Deza y Lizeth Iparraguirre Palma–, encargadas de los talleres, confirmaron que la víctima no llegó ese día a la comisaría.
En su descargo, el capitán Pierre Alvarado manifestó haber informado que la niña no había ingresado a la comisaría porque así se lo había dicho la profesora de pedrería. Según esta persona, María Jimena no había asistido a la clase del jueves primero de enero.
Todo era mentira.
La Inspectoría General de la PNP obtuvo una copia de un video registrado por una cámara del domicilio de un vecino, donde se observa que María Jimena sale de la comisaría a las 10 y 6 minutos de la mañana del jueves del primero de febrero.
Falsa coartada
Con esta información, quedó en evidencia que los efectivos asignados a la comisaría de Canto Rey habían concertado una falsa versión con la finalidad de sustraerse de sus responsabilidades por no haber actuado conforme a las normas ante la desaparición de María Jimena. El director de la Policía Nacional decidió aplicar la drástica medida de relevar a los 150 efectivos de la comisaría de Canto Rey, entre ellos seis oficiales y los demás suboficiales.
Aparte de haber mentido sobre el ingreso de María Jimena en las instalaciones de la comisaría de Canto Rey, el inspector de la Policía Nacional detectó presuntas irregularidades en el procedimiento de las denuncias que se formularon contra el asesino César Alva Mendoza.
El 10 de junio de 2012, Alva fue acusado por lesiones en la comisaría de Canto Rey. El 17 de abril de 2014, se le imputó un caso de violación sexual en la comisaría Mariscal Cáceres, en San Juan de Lurigancho. El 11 de septiembre de 2016, Alva nuevamente fue denunciado por violación sexual en la comisaría de La Huayrona, en el mismo distrito.
Con semejantes antecedentes, ¿qué hicieron las comisarías interconectadas de Canto Rey, Mariscal Cáceres y de La Huayrona para atrapar y poner a disposición de la justicia a César Alva Mendoza?
Según los padres de María Jimena, y el propio progenitor de César Alva, este actuaba como informante de la comisaría de Canto Rey. El inspector general, Gustavo Hananel, investiga si la versión es cierta y con quiénes estaba contactado el homicida Alva. De comprobarse el señalamiento, los responsables podrían ser dados de baja.
Los efectivos investigados por el caso de la menor María Jimena son el capitán Pierre Alvarado Pariño, las suboficiales Juana Bazán Deza, Lizeth Iparraguirre Palma, Giancarlo Polo Contreras y Johnny Terrones Esteban.
Amenaza de baja
Al haber entregado una información falsa, los seis efectivos podrían ser dados de baja por medida disciplinaria. Más precisamente, por faltar a la verdad.
“Cuando se quebranta una relación íntegra entre una comunidad y la policía, como lo que ha ocurrido en el caso de la niña María Jimena, es conveniente de que todo el personal de dicha unidad policial sea removido”, dijo a La República el director de la PNP, teniente general Richard Zubiate.
“La medida es un ejemplo para otras comisarías, y para todo el personal policial, cuando se rompe el vínculo de confianza con los ciudadanos”, apuntó el director de la PNP.
Justamente, la drástica medida de relevo de los 150 efectivos se produjo en medio de la protesta de los vecinos que reclamaban por la sospechosa actuación de los policías de la comisaría de Canto Rey.
En noviembre del 2017, dicha unidad policial contaba con no más de 70 policías, pero debido a una política de reforzamiento de las comisarías de San Juan de Lurigancho, se elevó hasta 150 para responder al incremento de la violencia.
Pero la actuación fue deficiente.
Datos
– Oficiales. Además del teniente general Gustavo Hananel, llegaron a la comisaría el jefe de la Dirección de Investigaciones, general Lorenzo Granados; y el jefe de la Dirección de Inspecciones, general Ricardo Verona.
– Protesta. Ayer, vecinos de la comisaría de Canto Rey volvieron a manifestarse contra los policías.
