El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado contra la Corrupción de Funcionarios programó para este lunes 27 la evaluación del pedido de impedimento de salida del país que la fiscalía solicitó contra la exalcaldesa Susana Villarán.
El requerimiento del Ministerio Público alcanza al exgerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro. Ambos están vinculados a pesquisas por los presuntos aportes que Odebrecht y OAS realizaron a la campaña contra el ‘No’ a la revocatoria.
Más temprano, el equipo especial anticorrupción del Caso Lava Jato, que encabeza Hamilton Castro, había adelantado las medidas que solicitaría al Poder Judicial sobre la base de documentos que entregó la constructora brasileña.
También reforzará el requerimiento fiscal las declaraciones que ofrecieron los aspirantes a colaboración eficaz, el publicista Valdemir Garreta y el ex-CEO de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
Garreta, según conoció “El Comercio”, dijo al Ministerio Público que la firma brasileña en mención y OAS le pagaron US$3 millones para asesorar la campaña de la exautoridad edil. Barata, según IDL-Reporteros, dijo que Susana Villarán fue quien lo contactó para aportar a su propósito.
La exalcaldesa de Lima, por su parte, reiteró que colaborará con las investigaciones. Mediante pronunciamientos en sus redes sociales reiteró de forma categórica que no coordinó ningún pago de las empresas mencionadas para su beneficio.