El acusado de violar a una empadronadora durante el censo del último domingo dio ayer una indignante explicación cuando ingresaba enmarrocado al edificio de la fiscalía, en Villa El Salvador. “Hubiera gritado si hubiera sido a la fuerza”, dijo Marco Antonio Luza Segundo (45).
Según el atestado policial de la comisaría de la urbanización Pachacámac, la mujer de 37 años ingresó en el domicilio del agresor para censarlo. A las 11:30 a.m. del domingo, ella se disponía a salir luego de llenar la cédula, pero el atacante cerró la puerta y la llevó a su habitación por la fuerza. Luego de forcejear, la ultrajó.
El hermano de la víctima y jefe del equipo de censadores en el que ella estaba agrupada relató que el sujeto amenazó a su familiar con un cuchillo para que no revelara lo sucedido. Ella logró escapar al prometerle que “no diría nada”. En la calle, la empadronadora contó todo a un grupo de vecinos y estos llamaron a la policía. Horas después, Luza Segundo fue detenido y conducido a la citada dependencia policial.
Ayer por la tarde el juzgado de flagrancia de la Corte de Lima Sur le dictó al acusado seis meses de prisión preventiva. El fiscal provincial penal de Lima Sur, Edwin Zárate Jiménez, pidió esta medida cautelar basado en que el agresor no demostró arraigo.
Luza Segundo fue trasladado a la carceleta del INPE y en las próximas horas se determinará en qué penal será recluido.
—Delito imputado—
El fiscal Zárate Jiménez denunció a Luza Segundo por el delito de violación sexual. Además del atestado policial, el fiscal presentó el examen del médico legista que confirma la agresión.
De acuerdo con el artículo 170 del Código Penal, este delito se sanciona con una pena mínima de 6 y una máxima de 8 años
de cárcel.
Para el abogado penalista Vladimir Padilla, la sanción no debería ser menor de 12 ni mayor de 18 años de prisión si se prueba que Luza sometió a su víctima con un cuchillo, ya que este delito tiene como agravante el uso de armas.
Según la jueza que dictó la prisión preventiva, Carmen Ruiz Díaz, el acusado no reconoció el delito durante la audiencia.
—Rechazo general—
Las principales autoridades del país rechazaron estos hechos. “Es un acto atroz”, dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, quien además anunció que el Gabinete Ministerial ofrecerá todo su apoyo a la víctima.
La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, señaló: “Es un hecho que repudiamos. Tenemos que sentar precedentes para que no vuelva a suceder”.
Ayer, el colectivo Ni Una Menos protestó frente a la sede del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Jesús María. La protesta llegó también a Cusco, Arequipa y Lambayeque.
A través de un comunicado, la entidad organizadora del censo se solidarizó con la agraviada y prometió apoyarla.
Ana María Vidal, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos, pidió a la fiscalía que determine la responsabilidad del INEI por no haber adoptado medidas para evitar este tipo de agresiones y por exponer a menores de edad al darles la función de empadronadores.
En la noche, en una entrevista en el programa de TV “Todo se sabe”, el jefe del INEI, Aníbal Sánchez, negó que se haya ofrecido S/1.000 a la familia de la víctima a cambio de que no informara de la violación a las autoridades.
Esta no es la primera vez que un hecho de este tipo ocurre durante un censo nacional. Según el archivo histórico de El Comercio, en el 2007, en Puno, dos hombres intentaron violar a una empadronadora, pero los gritos de la joven alertaron a los vecinos que intervinieron a tiempo.
