En La Pampa, las niñas no tienen derecho a jugar, las adolescentes no pueden escoger qué profesión van a seguir y las madres deben renunciar a ser madres. Esta localidad de Madre de Dios, hoy convertida en el epicentro de la minería ilegal en el Perú, es poco menos que el infierno para cualquier mujer.
En julio de este año, la policía rescató a ocho jóvenes (dos de ellas menores de edad) de esta zona, específicamente en el sector Tres Fronteras, ubicado a la altura del kilómetro 98 de la vía Interoceánica. Allí, las improvisadas calles de arena están flanqueadas por hostales y cantinas muy precarios, los llamados ‘prostibares’.
Las ocho jóvenes son solo algunas de las tantas víctimas de explotación sexual en La Pampa; jóvenes que –según el Ministerio Público– suelen tener entre 16 y 18 años de edad y provienen de zonas rurales.
En este lugar, cuando no son explotadas, las mujeres simplemente desaparecen. Eso habría sucedido con la joven boxeadora Aymée Pillaca, de 24 años, quien viajó a Puerto Maldonado en enero del 2016 y cuyo paradero no se conoce hasta hoy. Su familia cree que fue asesinada por una mafia de trata de personas, luego de que Aymée rescatara a una niña que era abusada en un campamento de mineros ilegales.
—Salud precaria—
“La recogí así, sangrando. ‘Echa el asiento de mi carro como camilla’, le dije. Se quejaba de dolores, pero no tenía remordimiento. […] Me pidió que la llevara a una clínica cerca al hospital de Santa Rosa. No quería ir allí. ‘Me van a denunciar porque el aborto no está permitido’, me dijo”. Este es el testimonio de una obstetra de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, quien labora cerca a La Pampa.
El testimonio de la especialista, quien dijo haber atendido varios casos de aborto en la zona, es recogido por Promsex en su informe “Espacios y fronteras de excepción: encuentros entre los servicios y las necesidades de salud de las mujeres en La Pampa”.
El informe presenta cifras alarmantes: el 38% de mujeres de esta localidad son explotadas sexualmente, y el 36% abortaron alguna vez.
El informe también sostiene que el 33% de mujeres explotadas sexualmente en La Pampa consume entre media botella y seis botellas de cerveza al día; algunas incluso llegan a beber 30 botellas diarias, a pesar de que sus explotadores les prohíben embriagarse para poder continuar con la jornada.
Por otro lado, el 36% de mujeres en La Pampa no cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS).
Susana Chávez, directora de Promsex, explicó que el estudio identifica hasta cuatro perfiles de mujeres en la zona: las esposas de los mineros ilegales (amas de casa muy pobres); las explotadas laboral y sexualmente (con jornadas de 12 a 14 horas diarias, pero sin maltrato físico); las explotadas sexualmente sin autonomía (sometidas a castigos y vejaciones); y las mujeres en situación de esclavitud.
“Hay una complejidad social que debe conocerse para plantear estrategias más afinadas. Por ejemplo, llama la atención la gran cantidad de farmacias clandestinas que hay en la zona, las cuales no brindan medicamentos seguros para las mujeres que son sometidas a abortos. No hay fiscalización del Estado”, apunta Chávez.
—Plan estatal—
En junio pasado, el Ejecutivo aprobó el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, que incluye las estrategias que deberá seguir el sector público para enfrentar este delito en zonas como La Pampa. La iniciativa busca, como eje central, que al 2021 el 80% de las víctimas hayan sido acogidas por servicios especializados.
Este Diario intentó comunicarse con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para conocer los avances en la implementación del plan, pero no hubo respuesta.
-Salud mental, otra tarea pendiente en la zona-
Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), explicó a El Comercio que el sector desarrolla acciones para que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Madre de Dios refuerce su estrategia frente a la problemática de salud que ha generado el delito de trata de personas.
El funcionario señaló que la afectación se presenta principalmente en la salud sexual y reproductiva, y en la salud mental de la población. En esa línea, precisó Cutipé, la Diresa no ha priorizado las atenciones respectivas. “Las estrategias y los planes existen, pero hay una traba en la gestión de recursos [por parte de la Diresa]”, dijo.
Cutipé indicó que el Minsa ha solicitado al Ejecutivo un monto adicional para su presupuesto al 2018, a fin de crear más centros de salud mental comunitarios (espacios con psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales). Según dijo, se requieren dos o tres en Madre de Dios, debido a la alta tasa de explotación sexual.
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