El Ministerio de Justicia informó que solo en los penales de Cañete y Huaral funcionan los bloqueadores al 100%; es decir, los presos no pueden hacer llamadas en ningún rincón de esas cárceles.
El 15 de febrero debió haber terminado la instalación de bloqueadores de celulares y señales Wi Fi en 33 penales del país, un ofrecimiento del gobierno de Ollanta Humala que no se llegó a completar y que buscaba acabar con las llamadas extorsionadoras y la coordinación de asesinatos desde las celdas.
Sin embargo esta medida que tiene como objetivo fundamental frenar las extorsiones desde los penales, no ha podido siquiera disminuir actos delincuenciales desde estos recintos, ya que los presos siguen usando celulares para sus delitos.
¿A qué se debe la demora en el cumplimiento de los plazos? De acuerdo con el contrato firmado en octubre del 2014, la empresa Prisontec debía bloquear al 100% los celulares en 33 penales para febrero del 2017.
A cambio, se le iba a otorgar la exclusividad para que sus teléfonos públicos sean los únicos que brinden servicio en esas cárceles. No debían existir teléfonos de Movistar, Claro o de otra operadora. Pero, eso no se cumplió. Hasta la fecha se han colocado bloqueadores en 10 penales que no funcionan en su totalidad.
En enero del 2016, surgieron los problemas entre el gobierno de Humala y la empresa. Diego Velasco, gerente de Prisontec, aseguró que el INPE les exigía que los teléfonos públicos contaran con “certificado internacional de funcionalidad, eficiencia y calidad”, el cual –según él– “no existe en ningún país”.
“Si no contamos con ese certificado, no podemos entrar a los demás penales a colocar los bloqueadores. No tiene sentido”, recalcó.
