En atención a las denuncias sobre el excesivo incremento en el costo del peaje y la instalación de una nueva garita en la carretera Panamericana Norte en Puente Piedra, la Defensoría del Pueblo supervisó la concesión administrada por Rutas de Lima.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo detalló que los residentes del distrito de Puente Piedra están afectados por incremento del peaje y la implementación de la nueva garita en dicho distrito.
Para los residentes y usuarios habituales de la zona, ello representa un aumento de más del 100 %, pues ahora además tendrán que pagar en sentido de sur a norte, cuando antes solo pagaban de norte a sur.
En ese sentido, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que debería suspenderse el incremento del peaje y la operación de la nueva garita.
“Lo que está ocurriendo es un claro abuso de posición de dominio, pues, en la práctica, se ha aislado a los residentes del Asentamiento Humano Laderas de Chillón, obligándolos a pagar peajes para salir y entrar del lugar donde viven, lo que constituye, cuando menos, una restricción al derecho constitucional de libre tránsito. Por ello, debería suspenderse el incremento del peaje y la operación de la nueva garita”, señaló.
En la supervisión defensorial se constató el creciente malestar de pobladores del sector. Dirigentes de por lo menos tres asociaciones describieron el incremento del peaje y la instalación de la garita como “un acto abusivo e ilegal, pues ni siquiera hay vías alternas, como sí sucede, por ejemplo, en la Panamericana Sur”.
Algunos hechos que agravan esta situación es que los residentes que viven en la zona adyacente al peaje deben caminar alrededor de dos kilómetros para acceder al puente peatonal más cercano; del mismo modo, el precio de los pasajes del transporte público se ha incrementado, bajo el sustento de la mencionada alza de peaje y la implementación de la nueva garita, según el comunicado de la Defensoría del Pueblo.
“No hay razón que justifique un incremento desproporcionado del peaje, o la restricción al libre tránsito de los residentes de la zona. Esto constituye una violación de los derechos de los usuarios por parte de la concesionaria”, precisó Gutiérrez.
Finalmente, el defensor del Pueblo manifestó que solicitará información al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) que tiene a cargo la supervisión de la concesión para que, frente a los hechos denunciados, interprete y aplique el contrato y las normas en favor de los usuarios.
Del mismo modo, señaló que pedirá al Indecopi que intervenga y que, en el marco de sus competencias, corrija y de ser el caso sancione a la concesionaria en su condición de proveedora de un servicio público.
Andina
