Se corrigió el error. Tras una semana de exhaustiva revisión, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura revocó el fallo del cesado juez Ismael Orozco Huayanay, quien el pasado 30 de octubre negó el pedido de prisión preventiva para 29 presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Monos de Quepepampa’.
El anuncio oficial del fallo recién se dará en las próximas horas, pero fuentes del Ministerio Público confirmaron que la sala presidida por el juez Víctor Raúl Reyes Alvarado finalmente falló en favor del recurso de apelación presentado por el fiscal Luis Salas Ostos, titular de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Huaura.
Como se recuerda, tras una investigación de varios meses, la Dirincri y el Ministerio Público desbarataron a la también llamada “megabanda” que sembraba el terror en Chancay, Huaral y Huacho, pero, pese a las evidencias presentadas por la Fiscalía, un juzgado decidió dar comparecencia a los detenidos.
Según la reciente resolución, la orden de recaptura alcanzaría solo a 27 imputados, entre ellos el mayor PNP Antonio Prieto Torres, el superior PNP Jorge Barba Ramos y el técnico de segunda PNP Marcos Salas Trujillo. Quedarían con comparecencia Álvaro Martín Carrasco Santa Cruz e Isabel García Morales.
Policías detenidos
Al cierre de esta edición, se confirmó que el mayor Prieto Torres y el superior Barba Ramos se hallaban detenidos en la comisaría de Huaral, luego de ser arrestados en sus respectivos domicilios. En esa misma localidad fue recapturado Julio Andy Falcón Gómez (31) (a) ‘Andy’, sindicado como colaborador de la organización criminal.
En tanto, trascendió que el técnico Salas Trujillo, enterado de la orden de recaptura, habría fugado al interior del país, por lo que un grupo especial de efectivos estaría tras sus pasos. En las próximas horas, la Policía dará una conferencia de prensa para presentar los resultados del megaoperativo que vienen montando en todo el norte chico.
Cabe mencionar que poco antes del fallo de la sala penal se registró una amenaza de bomba en la sede de la Corte Superior, así como una serie de amenazas contra el juez Reyes Alvarado y su familia. Todo esto con el ánimo de amedrentarlo y disuadirlo de su decisión
