Alfonso Grados, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, en reciente entrevista con La República manifestó abiertamente su preocupación por la desprotección al trabajador peruano y por tanto se mostró en contra de esquemas laborales diferenciados como el que trató de impulsar el gobierno anterior con la denominada «Ley Pulpín».
Sin embargo, esta preocupación no le duró mucho pues el Ejecutivo a través del «Paquete simplificador», presentado la semana pasada, introdujo modificaciones en la «Ley sobre modalidades formativas laborales» en donde básicamente las empresas ya no están obligadas a informar al Ministerio de Trabajo las contrataciones de jóvenes (capacitación laboral), impidiendo su adecuada fiscalización y protección social.
Uno de los incisos derogados decía textualmente: «El convenio es puesto en conocimiento de la dependencia correspondiente del MTPE, dentro de los 15 días de su suscripción». Eso no va más.
El congresista Manuel Dammert advierte que se trata de una fórmula engañosa, pues no es un registro contractual que estará fuera de control alguno, con una Sunafil prácticamente desactivada.
Una fuente bien informada dijo que si bien a simple vista se trata de una norma vinculada con el dar información, deja la puerta abierta a la incorporación de prácticas laborales no adecuadas y más bien fraudulentas. La situación se agravaría, en efecto, con la ausencia de fiscalización laboral y la voluntad política de tener relegada a la Sunafil.
El decreto aprobado indica que los beneficiarios de las diferentes modalidades formativas (prácticantes) deben ser declarados como tales en la planilla electrónica, conforme a la normativa aplicable.
«La única forma de fiscalizar es con una vista directa de la Sunafil en forma aleatoria e inopinada y contrastar lo que dice esa planilla electrónica y que se verifique si la persona en modalidad formativa está, en efecto, bajo los términos que esa modalidad dice», anotó la fuente.
Contratación parcial
La semana pasada, el titular de Trabajo anunció una reforma laboral en donde se facilitará la contratación a tiempo parcial “en vista que se utiliza poco”.
Explicó que este nuevo modelo de contrato se justificaría solo por el acuerdo entre el trabajador y el empleador.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) advierte que esta medida va a precarizar aún más el empleo, pues acaba con los requisitos establecidos en la legislación vigente, eliminando, en la práctica, derechos de contenido constitucional como la sindicalización, negociación colectiva, derecho a una remuneración digna, entre otros.
«La actual legislación señala que pueden celebrarse por escrito contratos de trabajo en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna, pero ahora se estaría pretendiendo ampliar el escenario a más trabajadores, para que laboren sin derechos, atentándose contra la Constitución y las normas de la OIT», cuestiona.
Empresas se ahorrarán S/ 30 mllns con norma
Una opinión diferente a las antes vertidas la tiene el abogado laboralista Ricardo Herrera, quien precisa que en efecto se elimina el registro en el cual debían inscribirse todas las modalidades formativas laborales como practicantes y jóvenes en formación laboral. «Se elimina la planilla manual de estas personas para tener una sola planilla pero electrónica», dijo.
Comentó que también se elimina el programa de capacitación laboral juvenil que se presentaba todos los años en el último trimestre del año.
Acotó que el hecho de no tener que presentar los convenios de prácticas o de modalidades formativas laborales ante el MTPE le generaría a las empresas un ahorro de S/ 30 millones por las tasas administrativas, ya que al año se inscribían casi 4 millones de este tipo de contratos.
