Desde el 2006 está vigente el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica. Diez años más tarde, el Ministerio de Educación (Minedu) alista una nueva versión. León Trahtemberg la calificó de un “horror”, mientras que la Asociación de Colegios Privados de Lima lamentó no haber sido convocada para su elaboración.
Gestión tuvo acceso al documento que se elabora en el Minedu. El proyecto final estará listo en setiembre y será prepublicado. Allí se iniciará un nuevo debate, señala el director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Javier Palacios.
“El documento se prepara desde hace varios meses y no se está haciendo de una manera secreta. Las versiones que están circulando son versiones preliminares de reglamentos compartidas con los gremios de los colegios privados y de distintos especialistas a los que les estamos solicitando opinión”, añadió el funcionario.
Ante las críticas, Palacios sostuvo que se “ha levantado una alarma innecesaria”.
Dueños en la mira
El proyecto de reglamento tiene diversas variantes con respecto a la versión actual. En el caso de los dueños de los colegios, el principal requisito es que no tengan antecedentes penales. El reglamento del 2006 los hacía responsables de la administración y funcionamiento de la escuelas.
La versión que se trabaja en el Ejecutivo incluye una nueva función: garantizar que se registre, en los sistemas de información del sector educación, únicamente a los estudiantes que reciben el servicio educativo en su escuela. Es más, párrafos más abajo dice que si se detectara que la escuela emitió certificados a personas que no estudiaron en ella, se procederá al cierre de la institución.
Otra nueva inclusión aparece en el artículo 32 del proyecto de reglamento se menciona que el propietario “asume responsabilidad administrativa, civil y/o penal, según corresponda, por el incumplimiento de dichas funciones”.
Un párrafo antes se señala que “el propietario tiene como función garantizar la calidad del servicio educativo que brinda la institución educativa, así como el cumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio”.
El lunes, el educador Idel Vexler sostuvo que el proyecto tiene carácter centralista. Uno de los capítulos precisa que incluso las obras y compras de los colegios deben ser consultadas a las Unidades de Gestión Educativa de cada jurisdicción.
Sobre este punto, Palacios señaló que “las nuevas reglas están vinculadas con el tema de la informalidad en el sector educación”.
Más sanciones
El nuevo reglamento pasó de tener 51 artículos a 113. No solo aumentó en páginas y detalles, sino sobre todo en su papel sancionador, dijo Javier Palacios.
Al respecto, indicó que de las 55 infracciones previstas en la propuesta de reglamento, 40 ya están vigentes.
“Lo que busca el reglamento es unificar el marco normativo, pues hoy en día está desagregado en normas reglamentarias e incluso las infracciones ya están señaladas en la ley (…). Se unifican infracciones a la informalidad”, expresó.
