Cuatro días después de iniciada la primera etapa de verificación de titulares de líneas móviles, encargada por el Ministerio del Interior para combatir la extorsión y el sicariato, ya son más de 30 mil las consultas que registra el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
El creciente interés, según explica Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del consejo directivo del Osiptel, se debe a las recientes denuncias de usuarios que afirman tener hasta 21 mil líneas a su nombre, tramitadas usurpando su identidad. Solo en el 2015, en total 7.246 usuarios cuestionaron la titularidad de 110.585 líneas móviles ante dicho organismo. Las observaciones alcanzaron a las empresas Claro (80.700), Telefónica (28.900), Entel Perú (898) y Bitel (87).
“Como ente regulador hacemos esfuerzos por orientar a los usuarios y evitarles complicaciones, pero o las empresas no responden oportunamente, o autoridades como el Poder Judicial y las fiscalías presumen que una persona es la titular de una línea, pese a que esta está observada”, detalla Ruiz.
Desde hace cuatro años, la suboficial PNP Guisela Taboada es una de las afectadas más notorias por estas imprecisiones. Con 21.200 líneas prepago en su haber, otorgadas por tres empresas en seis ciudades del país, Taboada afronta procesos por extorsión y robo agravado que podrían truncar su carrera. “Recién cuando mi caso volvió a salir en medios me informaron que las líneas en Entel habían sido canceladas”, precisó Taboada a El Comercio.
Similar malestar aquejó a otras 10 personas que reportaron tener de una a 103 líneas móviles a su nombre, pese a no haberlas tramitado. Sus casos fueron agrupados en la resolución N° 303-2015-GC/Osiptel, que el 6 de junio del año pasado sancionó con S/1’162.700 (302 UIT) de multa a Telefónica por infracciones al Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular.
El temor a los líos con la justicia también alarmó a Normandina Peña Peña, quien con 16 líneas que nunca tramitó fue sindicada como titular de aquella a la que llamó Vladimiro Montesinos desde su celda en la Base Naval; y Doris Villar Huiza, quien debía S/679,74 a Claro por una línea residencial en Comas, pese a que ella vive en San Martín de Porres. “Al preguntar qué ocurrió, me dijeron que la instalación fue validada por Miguel Huamán Queva, quien se presentó como mi sobrino”, contó Villar.
Este Diario buscó a las operadoras para conocer cómo marcha la verificación emprendida el pasado viernes 10, pero no hubo respuesta.
El Comercio
