Insultar a una mujer, humillarla por su condición, degradarla y despreciarla de manera continua configura un delito y éste puede ser sancionado con pena de cárcel de entre 6 y 12 años, según determine el juez.
Con las últimas modificaciones que se hicieron al Código Penal, a través de la Ley Nº 30364, se ha incorporado el delito de lesiones psicológicas. Para que éste sea sancionado se debe comprobar que hubo continuidad en el maltrato.
En el caso de violencia física, para ser penado la mujer debe demostrar que las lesiones le dejaron más de 10 días de incapacidad.
daño psicológico
La responsable del Centro de Emergencia Mujer (CEM), Nayda Torres, indicó que para determinar la existencia de un caso de violencia psicológica la mujer debe ser evaluada. Tras ello se debe emitir un informe que acredite la existencia de un daño psíquico y el grado de su afectación.
«Para determinar el daño psíquico se está elaborando un software con el protocolo para hacer una evaluación. Éste se instalará en Medicina Legal. Mientras no se elabore ese informe, todas las denuncias de violencia psicológica no prosperarán, pese a que existe la ley», sostuvo Torres.
Si bien el informe psicológico de cualquier Centro de Salud o del CEM es válido para hacer la denuncia, para que el maltrato sea sancionado se debe contar con el informe de daño psíquico evaluado por peritos.
casos de violencia
En Arequipa, de enero a la fecha el CEM registró 431 casos comprobados de violencia física contra la mujer; de ellos el 70% con secuelas psíquicas.
Para Torres, si existiera el instrumento técnico (software) oficial especializado para la labor pericial varios de estos casos estarían penados.
Dentro de las cifras que maneja la subgerencia regional de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está que la región ocupa el segundo lugar, después de Lima, con más casos de violencia contra la mujer.
En Arequipa solo el 49.9 % de las mujeres tienen autonomía en la decisión del uso del dinero familiar. Además, la región está en el tercer lugar en denuncias de violación sexual; hay 36.84 denuncias por cada 100 mil habitantes.