El 23 de diciembre del 2015, un sicario entró a una pollería en Huaral y mató a dos hombres. En una cámara de seguridad del local quedó registrado el instante en que el delincuente acciona el gatillo diez veces y huye amenazando a los demás clientes, que observaron horrorizados el crimen. Seis días después, el gobernador de Lima, Nelson Chui, pidió que el Ejecutivo decretara el estado de emergencia en esta y en otras tres provincias limeñas.
Los robos a mano armada, los homicidios por encargo, el enfrentamiento entre los gremios de construcción civil y las extorsiones a empresarios y transportistas son el común denominador en Cañete, Huaura, Huaral y Barranca. Todas, en el 2014, figuraron entre las 20 provincias con más muertes por sicariato, según el INEI. El año pasado, la policía reportó 96 asesinatos. En la mayoría se usaron armas de fuego.
El secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Provincias, coronel PNP (r) Carlos Remy Ramis, afirma que principalmente en Barranca, Huaral y Cañete no se han capturado a los cabecillas de las organizaciones criminales que hacen de las suyas y por eso hoy hay una ola de violencia que quiebra la tranquilidad de los 700 mil habitantes de estas provincias.
Un pedido más a Palacio
El Gobierno Regional de Lima tiene listo un documento para solicitar al Ejecutivo que decrete el estado de emergencia en las jurisdicciones más violentas de la región. Pero no todos están de acuerdo. Esta semana, en la última reunión del comité regional de seguridad, los mandos policiales de la zona opinaron en contra de instaurar el régimen de excepción, como sí se ha hecho en el Callao y en las provincias del Santa y Casma, en Áncash.
A otro que no le convence la medida es al gerente municipal de Huacho, Juan Valencia. “Apoyaremos el pedido de la región, pero pensamos que esa es una medida de corto plazo, que no solucionará el problema de fondo, en tanto no se apliquen políticas en materia de seguridad ciudadana. Eso le compete al Ministerio del Interior, no a los alcaldes”, declaró.
El gobernador de Lima, Nelson Chui, dijo que discutirá el pedido con los alcaldes provinciales y con los mandos locales de la PNP. La próxima semana podría estar elevándose la propuesta que, por un lado, grafica la crisis en seguridad que está ahorcando a las regiones y, por otro, la necesidad de afinar la estrategia para luchar contra el crimen.
Un crimen complejo
En Barranca hay un problema de minería ilegal en la zona de Pativilca. Esta actividad trajo consigo disputas violentas por controlar el negocio. En Huaral, la cifra de muertes por sicariato está en aumento. El asesinato del pasado 23 de diciembre no fue un caso aislado.
En Cañete el problema de la inseguridad está relacionado con el ‘boom’ de la construcción. Los gremios locales –en los que se han infiltrado peligrosas bandas– se enfrentan a muerte para no perder su dominio. La extorsión es un problema que golpea sobre todo a Huacho, la capital de Huaura. Los empresarios y los mototaxistas son las víctimas más frecuentes.
No hace mucho, otro era el panorama en Huacho, en donde tiene su sede principal el Gobierno Regional de Lima. Allí, hace casi dos años, asesinaron de tres balazos en la cabeza el ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco. Su muerte dio paso a la caída del régimen de César Álvarez, el ex presidente ancashino, hoy preso en Piedras Gordas.
El jefe de la región policial Lima Norte, coronel PNP Luis Flores, informó que en el 2015 desarticularon 73 bandas y detuvieron a 1.568 personas por diversos delitos; además, que incautaron 142 armas de fuego y más de 13 mil ketes de pasta básica de cocaína.
Pero en las calles, esas son solo cifras. Hace una semana, en el distrito de Végueta, al norte de Huacho, hubo tres días continuos de fuego abierto entre delincuentes y policías en el intento de frustrar un asalto a una empresa pesquera y de recuperar un camión robado.
