El exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, señaló hoy que las declaraciones del expresidente Alberto Fujimori a un diario de Chile sin permiso de las autoridades, merita una sanción severa, al referir que se trata de una conducta reiterativa.
«Considero que este hecho debe tener una sanción inexorable. Lo dijo ayer el presidente del INPE (Julio Magán) y yo esperaría que después de la investigación que se va a abrir tenga un castigo severo porque este señor es reincidente en este acto», manifestó.
En comunicación con la Agencia Andina, sostuvo que las declaraciones del exjefe de Estado, en las que asegura que en los casos La Cantuta y Barrios Altos, no hubo pruebas, forman parte de una estrategia de victimización.
Lamentó que Fujimori continúe con esta estrategia que, a su juicio, lo único que ocasiona es agraviar nuevamente a los familiares de las víctimas de los mencionados casos, por los cuales fue sentenciado a 25 años de cárcel.
«Se van a cumplir 24 años de la matanza de Barrios Altos en los que el Grupo Colina asesinó a 15 personas, entre ellos un niño. Y ahora además de eso los deudos de esas personas tienen que estar leyendo a una persona que niega los delitos por los que ha sido condenado», observó.
Del mismo modo, consideró que la entrevista revela que Fujimori intenta utilizar el penal de reclusión como lugar de campaña electoral, razón por la cual dijo esperar que el INPE emita las sanciones que correspondan.
«Un lugar de reclusión de un condenado por graves delitos de violación a los derechos humanos y corrupción no puede ser un lugar de campaña. Segundo, hay un conglomerado de deudos del gobierno del señor Fujimori que cada vez que este señor niega los delitos por los que ha sido condenado se sienten agraviadas nuevamente», indicó.
Aseguró que en el proceso existieron las pruebas suficientes que corroboraron que Fujimori dirigió un «aparato de poder que devino de la actuación del Grupo Colina».
Indicó que está absolutamente probado que Fujimori conocía de la actuación del grupo y estaba informado permanentemente y que ha sido encontrado culpable por un Poder Judicial independiente, en el marco de un debido proceso.
Consideró inadecuado que Alberto Fujimori negara la existencia de actos de corrupción en su mandato (1990-2000), cuando en las investigaciones se declaró culpable por la compra de un canal de cable con recurso del Estado y el pago de los 15 millones de dólares a su entonces asesor Valdimiro Montesinos por supuesto pago de CTS.
«Hay que recordar que aceptó los cargos en el caso de la indemnización a Montesinos al que se le pagó 15 millones del fisco, dinero, que dicho sea de paso, fue devuelto por el propio Fujimori, quien no ha podido hasta hoy dar cuenta de dónde sacó los 15 millones», recordó.
