Los recientes informes acerca de convertir a Huaral en un emporio minero, han causado gran preocupación entre la población. Personas que mantienen una reconocida defensa del medio ambiente y que saben de las triquiñuelas que utilizan funcionarios del estado (principalmente del MINEM), para el desarrollo de este gran negocio que perjudica a las poblaciones, advierten sobre el grave riesgo que esto significaría para nuestro valle agricultor.
Al informe hecho público que la planta procesadora de Río Seco será tan grande que reemplazará a la Refinería de la Oroya, que existen centenares de autorizaciones mineras y que miles de hectáreas de territorio huaralino han sido concesionadas a conocidas empresas mineras, preguntamos: ¿En algún momento se ha respetado la tan cacareada Ley N° 29785 o Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la OIT?.
El Art. 2 de Derecho a la consulta, de esa ley, dice claramente: Es derecho de los pueblos indígenas u originarios, a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.
¿A quién se ha consultado para hacer esto?, y sobre todo ¿Quién conoce las proyecciones, los alcances de desarrollo y producción de la Planta Industrial Río Seco?, que todos sabemos es subsidiaria de la empresa transnacional Buenaventura. Sobre todo: ¿Dónde están sus estudios de impacto ambiental, que hasta el día de hoy nadie presenta a nuestras autoridades locales?.
También es necesario recordar que toda empresa o negocio, requiere de una Licencia Municipal de Construcción y Funcionamiento y que Río Seco consiguió la autorización de parte de la municipalidad de Huaral, con el infantil cuento de un “silencio administrativo”, en la que los alcaldes y regidores de la anterior gestión, tienen responsabilidad. Los regidores no fiscalizaron nada y hasta se nombró una comisión de investigación cuyos resultados seguimos esperando. Hay una grave responsabilidad de complicidad que la actual gestión debe investigar seriamente hasta las últimas consecuencias, para no llorar más adelante sobre la leche derramada.
