El representante de la Asociación de Agricultores del valle Huaral-Chancay sostuvo que según la R.M. N° 029, el gobierno le otorgó a la empresa T.P.CH. una extensión de 1 millón 400 mil metros cuadrados para que realicen los estudios del proyecto del Puerto Multipropósito, por lo cual la empresa empezó cortándole la entrada a los pescadores artesanales.
Dijo que ellos reclamaron mediante un expediente con más de mil firmas, que nunca ha sido contestado por el Ministerio de Transportes (MT), y que lamentablemente no permanecieron firmes en su posición.
“La empresa sí avanzó: Escogió a los más ancianos y humildes y en camionetas los llevó a una Notaría de Chancay para que renunciaran a su derecho de vivienda. En la Asamblea de Santa Rosa se dijo que llevaron a 280 pobladores, de los cuales 60 firmaron. Ahí se redactó y envió un documento al MT, rechazando esta forma de chantaje a la población humilde”, señaló.
Dijo que también se informó a la Comisión del Medio Ambiente del Congreso, para que asuma la defensa de los pobladores de Chancay. La empresa afirmó que todo se ha hecho de acuerdo a ley. “Nosotros decimos que la explotación minera se hará en la cabecera del río Chancay y afectará al río, porque sus aguas serán utilizadas para el tratamiento de minerales y vendrá contaminada por las sustancias utilizadas en el relave”, sostuvo.
Manifestó luego: “por eso nuestra Asociación tomó cartas en el asunto, con los reclamos de los pescadores y los pobladores de Santa Rosa. A pesar de todo el MT aprobó el estudio de impacto ambiental y todas las instituciones que firmaron el pedido al Congreso se opusieron a esto”.
“La empresa tiene como objetivo destruir el valle de Huaral, capital de la agricultura, proveedor de frutas y verduras de la capital. Con la explotación minera se destruirá nuestro valle. Ya hay 410 minas concesionadas en nuestra provincia. No puede haber ningún ciudadano que pueda estar ajeno diciendo que a mí me han dicho que así o asá”, expresó contundentemente.
