El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén Olaya, expresó esta tarde su profundo malestar por la decisión de la jueza Janet Lastra, quien rechazó el pedido de pena suspendida por efectiva contra los dirigentes que son responsables de fomentar la violencia en el valle de Tambo.
En ese sentido, anunció que se apelará esta “inverosímil decisión judicial” porque considera que ahonda el estado de impunidad en el cual se desenvuelven las personas que promueven las protestas contra el proyecto minero Tía María en Islay.
PRISIÓN EFECTIVA
Por la mañana, el ministro Adrianzén exigió al Poder Judicial cambiar la pena de prisión suspendida por efectiva, por incumplimiento de reglas de conducta a los responsables de fomentar la violencia en las protestas en Islay, Arequipa.
«Se está solicitando la revocatoria de la pena suspendida por incumplimiento de reglas de conducta y se disponga la prisión efectiva de quienes han estado siendo objeto de las acciones de protesta que se han venido llevando a cabo en el Valle del Tambo”, precisó.
En ese sentido, precisó que la solicitud está dirigida concretamente en contra de Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, Jaime Trinidad De La Cruz Gallegos, Milton Abramonte Cienfuegos, Hubert Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Coya».
En conferencia de prensa, explicó que el incumplimiento de reglas de conducta por parte de los cinco condenados son los que generan la decisión del Ejecutivo de solicitar la variación de pena suspendida por una efectiva.
“No podemos seguir dando síntomas de impunidad, no podemos seguir permitiendo que aquellos que infringen el ordenamiento legal vigente sigan en las calles. Estos dirigentes ya han sido condenados por actos similares y a pesar de tener una condena siguen actuando impunemente en la provincia de Islay”, sostuvo.
Asimismo, recordó que los cinco dirigentes aún no cumplen con pagar la reparación civil dictada en su momento. “¿Qué significa esto? Que las lentejas al contado si alcanzan para pagar abogados, pero no alcanza para pagar la reparación civil. Deben de cumplir con el pago”, señaló.
De otro lado, lamentó que vecinos de Cocachacra sean amenazados, maltratados y desterrados de sus propiedades por parte de los cabecillas que vienen promoviendo la protesta.
“Me han presentado un acta de 50 ciudadanos de Cocachacra que se han refugiado en el estadio del IPD en Arequipa por culpa de estas hordas criminales. Han sido expulsados por los violentos del Valle del Tambo”, afirmó.
Informó, en ese sentido, que se han hecho las coordinaciones intersectoriales para que se brinde asistencia médica a estas personas, a través del SIS, así como proveerles de ropa y calzado.
