El saldo ambiental de la extracción minera irresponsable en el Perú salta a la vista. En el 2014 se hizo un inventario de los pasivos mineros que nunca fueron cerrados y que siguen contaminando los recursos naturales y la vida de las comunidades.
Según la Ley 28271, los pasivos ambientales son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos mineros abandonados o inactivos que constituyen un riesgo para la salud.
A lo largo de 42 cuencas hidrográficas, hay 8.571 pasivos que fueron abandonados por mineros desde 1920 a la fecha, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Incluso, algunos cuantos provienen de la Colonia.
El valle del Mantaro (Junín) es una de las zonas más contaminadas con 1.336 pasivos. Le siguen los valles del Santa (827), Apurímac (647), Alto Huallaga (517) y Rímac-Lurín (384). Se trata de los territorios más afectados, pero no son los únicos.
La Dirección General de Minería (DGM) estima que se necesitan unos US$500 millones para remediar el daño ambiental que hoy siguen causando los 8.571 pasivos inventariados por los ingenieros de esta dependencia. Esta es una inversión de largo plazo que podría hacerse durante –al menos– cuatro décadas dentro del plan que el Estado inició desde el 2010 para atender este problema: invertir en cerrar los pasivos mientras busca a los responsables para hacerles devolver lo invertido.
En virtud a este plan, el Minem aprobó ayer que la DGM solucione el problema ambiental de 134 pasivos ubicados en las regiones de Áncash, Lima, Puno y Cajamarca. En esta tarea se invertirán S/.6,2 millones.
La resolución precisa que, mientras ejecuta este trabajo, el Estado deberá buscar a los responsables del daño ambiental causado por los pasivos.
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