Mediante carta notarial, dirigida a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Huaral, Sra. Ana Kobayashi, el ex trabajador municipal César Higa Hurtado, solicita se rectifique la información propalada por la actual gestión, a través de diferentes medios, que en su domicilio se realizó una incautación de bienes municipales que de manera ilegal estaban siendo ocultados por él, lo que señala es totalmente falso, ya que es una persona digna y de buena solvencia moral.
Sostiene que laboraba desde Abril del 2013 como encargado del Área de Servicios Generales, de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial. Que la municipalidad tenía alquilado el local ubicado en la Calle El Palmo N° 119, que funcionaba como depósito, donde se encontraban los enseres de otras áreas. Que el Comité de Transferencia no le requirió en ningún momento información alguna sobre su área, por lo que no se hizo el respectivo inventario y entrega.
Que al dirigirse a laborar el 5 de Enero, fue impedido de ingresar y ante tal circunstancia se apersonó a la dependencia de la PNP de Huaral para solicitar voluntariamente una constatación policial del inmueble, pero el Mayor Oswaldo Argüelles le manifestó que se haría al día siguiente.
El día 6 nuevamente fue impedido de ingresar a su trabajo, por lo que nuevamente se dirigió a la dependencia policial, en forma voluntaria, a exigir la constatación, dirigiéndose al inmueble en mención, con el asesor legal Ramos Casazola y el Coordinador de Control Patrimonial Garay Chávez, haciéndose la constatación de los bienes ahí almacenados.
Fue en esas circunstancias que apareció el jefe de imagen don David Borja Carhuachín, doña Carolina Rodríguez Conga, rodeados de personal de serenazgo y periodistas, que procedieron a tomar fotos y filmar, armando un show mediático de que se incautaban bienes municipales ocultados de manera ilegal.
César Higa sostiene que de ese modo, el Asesor Legal y el Jefe de imagen, incurrieron en delito contra su honor, lo que está penado por el código penal, por lo que solicitan a la alcaldesa: Retractarse en forma conjunta, con sus funcionarios dentro de un plazo de 3 días, tras lo cual actuará judicialmente interponiendo una acción penal contra los responsables, por haberle ocasionado grave daño material y moral irreparable, que posteriormente puede conllevar a la vacancia de la alcaldía.
