Las constantes y permanentes protestas de la población, sobre todo campesina, son la prueba irrefutable que las empresas mineras no promueven un desarrollo con equidad social y sostenibilidad ambiental, para lo cual es indispensable una participación activa de la sociedad civil, a través de todas sus instituciones cautelares comprometidas con el desarrollo y la paz, pero con justicia social.
La minería es una actividad económica importante, pero insostenible y altamente destructiva de nuestros ecosistemas. Jamás se le puede colocar por encima de nuestras actividades económicas sostenibles, por su puesto de gran potencial económico, como la agro exportación, la ganadería, el turismo (El extranjero es muy sensible a la calidad ambiental y la estabilidad social), la actividad pesquera, forestal, artesanal y gastronómica.
En Huaral, a lo largo de la cuenca del río Chancay, ya se prevé un gran auge de actividades mineras, no en vano se viene desarrollando el proyecto del Megapuerto, al que con sinceridad deberían llamar: embarcadero de minerales y la construcción de 2 centrales hidroeléctricas. El crecimiento de las concesiones mineras es caótico; se concesionan zonas agrícolas, ganaderas, arqueológicas, reservas protegidas y hasta fuentes generadoras de recursos hídricos (lagunas), sin tener en cuenta a los gobiernos regionales, locales ni comunidades campesinas.
Es necesario que de inmediato todo esto se detenga, por lo menos hasta legislar la competencia de los gobiernos regionales y locales sobre el tema; hasta que concluyan los procesos de zonificación ecológica y económica, los planes de ordenamiento territorial, así como el catastro de recursos hídricos y sus planes de protección y gestión.
Así mismo definir los mecanismos transparentes y participativos para la fiscalización ambiental y las sanciones a las mineras que generen contaminación, que por ahora solo está en manos del Ministerio de Energía y Minas.
Tampoco debemos olvidar la fragilidad de nuestras cuencas debido al cambio climático global y la anunciada situación de Stress Hídrico en que ingresará nuestro país a partir del 2015.
Finalmente a nuestras futuras autoridades locales y regionales les planteamos las siguientes interrogantes:
- ¿Saben que aunque se promueva la minería de manera intensiva, con la esperanza de obtener canon minero, éste no llegará sino hasta después de varios años, en que las empresas mineras hayan rentabilizado y generado impactos ambientales y sociales negativos?
- ¿Contribuye la minería al alivio de la pobreza de nuestras regiones o más bien las condena a la contaminación y la pobreza?
- ¿Se seguirá aceptando que las mineras definan cuánto donan y en qué gastan su donación con el llamado “fondo de solidaridad”, o se exigirá el pago de tributos justos que en realidad serían un “fondo de compensación” para las zonas afectadas?
