A través de Huaralenlinea, el abogado José Ramos Casazola dijo que con su artículo sobre el dinero mal ganado por el ex alcalde Jaime Uribe Ochoa y sus regidores y los que han continuado desde el 2007 hasta la fecha, ha querido asumir un compromiso con la ciudadanía de Huaral para demostrarle a sus conciudadanos que muchas veces los alcaldes y regidores están mal asesorados. “Otras veces conocen el tema, pero no les interesa burlar la ley y que esto sirva como un precedente para las próximas elecciones y para quienes participan en política y nos quieren gobernar, que tienen que asesorarse bien para no cometer errores, ocasionando perjuicio a la municipalidad y a ellos mismos”, expresó.
Manifestó que Jaime Uribe tiene que devolver 161 mil nuevos soles, los regidores no reelectos entre 28 y 30 mil soles y los reelectos algo de 68 mil nuevos soles. Así lo ha establecido la Contraloría y ellos ya lo saben. Además dijo que esto depende de la decisión política del actual alcalde o del próximo gobernante, porque hay mecanismos para hacerlo, mediante el embargo de propiedades o vehículos. Si no los hay, reportándolos al INFOCORP.
“Si el actual o el próximo alcalde no toma esa decisión, simplemente no lo hace, pero la ciudadanía tiene mecanismos para lograr que el municipio actúe. Se puede solicitar que el Concejo Municipal exhorte al Procurador Público para iniciar las acciones legales para recuperar ese dinero. La enseñanza que debemos sacar de toda esta defraudación iniciada por Juan Valencia Rincón, es que no debemos contratar a gente de otro lado, porque todos los implicados tienen que devolver”, señaló.
Agregó que la devolución depende del alcalde, él debe plantear la demanda para esa devolución. “Menos mal que esto se ha soltado en plena campaña electoral, para que el pueblo sepa y tenga en cuenta que algunos de los que quieren postular, tienen que devolver el dinero, porque han cobrado algo ilegal. Los que aún están en actividad deben irse descontando de su sueldo. Si ahora no lo hacen incurren en responsabilidad penal, porque ya la contraloría les ha advertido y no pueden alegar que desconocen esto, porque la Contraloría les ha comunicado en enero y han seguido cobrando hasta febrero y me imagino que seguirán cobrando en marzo”, puntualizó.
