Pedro Minaya Bazán
Secretario General Regional del PPC
Ex Candidato a Presidente Regional
En menos de un año tendremos que elegir autoridades regionales y municipales para el periodo 2015-2018; en el Congreso de la República se debaten varias iniciativas para modificar las condiciones de estos comicios, principalmente prohibir la inmediata reelección de los presidentes regionales y de los alcaldes, quienes de aprobarse esta iniciativa, podrán aspirar a otra elección, solo después de un periodo como mínimo. Es muy difícil que el lapso de tiempo que nos separa de estos comicios, permita que puedan cuajarse estas modificaciones, aunque lo positivo es la puesta en debate.
Tengo una clara posición al respecto, creo que en el caso de los presidentes regionales sería una medida positiva, debiéndose crear una consejería regional adicional y obligatoria, para que sea ocupada por el presidente regional saliente, sumándose a las consejerías que corresponden a cada provincia y consiguiendo por lo menos dos efectos importantes: el primero, aprovechar la experiencia y conocimiento obtenido en el ejercicio del gobierno, en beneficio de la región y segundo, evitaríamos que algún presidente con cuestionamientos por corrupción o de otra índole tome las de Villadiego y pretenda fugar a la acción de la justicia.
En el caso de los alcaldes, tengo mis reparos a la prohibición de la inmediata reelección, porque es la autoridad elegida más cercana a la población, no como en el caso regional que es un mandatario de gobierno intermedio casi de segundo piso, además me parece que lo más importante es filtrar el origen, la mayoría de los burgomaestres en el Perú han sido elegidos con menos del 20% de los votos emitidos, ingresan al poder con una enorme percepción de ilegitimidad y activan los procesos revocatorios casi con su misma instalación. Se debe disminuir esa carga, es necesaria la implementación de una segunda vuelta municipal, entre los dos primeros postulantes, siempre y cuando ninguno de ellos haya alcanzado el 40% de la votación (el porcentaje del 30% establecido en el caso regional es peligroso, teóricamente podrían superarlo hasta 3 postulantes, creando una falsa sensación de ilegitimidad, innecesaria en la búsqueda de una gobernabilidad democrática), con esto lograríamos impulsar el consenso y la colaboración, evitaríamos el inútil fraccionamiento, se alcanzaría mayor compromiso entre los actores políticos, la espada revocadora disminuiría su filo y se conseguiría mejor y más gobernabilidad en el ámbito municipal.
