Las autoridades de la región recién reaccionan con balbuceos respecto al tema de la redelimitación y no lo hacen convocando a los alcaldes y a las personas representativas de la sociedad civil, así como al Comité de Lucha que se ha conformado, para demostrarles con mapas cartográficos y en forma técnica, la verdad de este engorroso asunto. Lo hacen más bien, criticando la preocupación y zozobra que han originado en la población.
Hay muchas interrogantes que se tienen que responder respecto a este caso:
1.- Los reclamos se vienen planteando desde los primeros días del mes pasado. ¿Por qué no se respondió de inmediato?
2.- Si nunca hemos tenido problemas territoriales. ¿Qué necesidad hubo de hacer la redelimitación?. Los límites están claramente definidos en la ley de creación de Huaral (DL 21488) y la creación de Aucallama (Nº 9213). Solo faltaba la demarcación.
3.- ¿Por qué esta redelimitación se hizo a espaldas de las autoridades locales y los representantes de las comunidades?. Ellos son los dueños de casa. No existen documentos de concertación firmados por ellos. Si los hay que los muestren.
4.- ¿Por qué se ha actuado con tanta celeridad ante este caso?. La región hasta hoy no puede resolver los problemas entre Cañete y Chincha, que están planteados desde hace más de 12 años. Es extraño este apuro, cuando el Sr. Alvarado ni siquiera puede resolver sus litigios judiciales, desde hace más de 11 años en Cañete.
5.- ¿Se trata acaso de un faenón?. Recordemos que en el caso de la variante de Pasamayo están los terrenos de una Asociación de Empresarios y al frente están las pampas que pretendió invadir la Asociación “Tierra Prometida”, integrada por algunos catedráticos universitarios, que en su momento indicaron que era una zona urbanizable y apta para la agricultura, ya que tiene grandes posibilidades de contar con agua. Pero lo más codiciable son las minas de la parte interior, que un estudio de hace 5 o 6 años atrás determinó que son de oro y las inmensas pampas Canarias, con más de 4 100 hectáreas de superficie.
Como dice el abogado Ramos Casazola, minimizan la inteligencia de los huaralinos, sobre todo el Sr. Sarmiento que salió a sacar en cara las obras que la región hace en Huaral. Eso no es un favor ni una dádiva. Es la obligación moral, cívica y política del gobierno regional. Allá los que ven eso desde una posición genuflexa y claro, él es un funcionario del GORE. Los tiene que defender. Lástima que actúa en contra de su propia gente, porque incluso se permitió señalar que los alcaldes no “son” competentes para suscribir el Acta de Entendimiento y también se permitió criticar la actitud asumida por los líderes políticos de Huaral.
Como lo han repetido varios miembros del Comité de Defensa, esto se tiene que escudriñar hasta las últimas consecuencias.
Por Eloy Ángeles
