Los delitos patrimoniales tuvieron mayor incidencia durante el año 2012, según diagnóstico compartido ante el Conapoc.
El combate a los delitos contra el patrimonio, la trata de personas, la minería ilegal y el sicariato serán priorizados en del Plan Nacional de Política Criminal, con el diseño de acciones y estrategias de corto mediano y largo plazo, tanto a nivel de prevención como de represión y resocialización.
Así lo acordó en su última sesión el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), instancia que reúne al Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y universidades, bajo a dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene a su cargo la Secretaría técnica, tras evaluar el diagnóstico situacional de la delincuencia en el Perú.
De acuerdo con las encuestas de victimización, se informó que la delincuencia no es un problema del presente, sino que nos ha acompañado por lo menos a lo largo de casi dos décadas.
Asimismo, dio cuenta que, a medida que el desempleo y otros problemas económicos han ido siendo superados por el crecimiento económico, emergen como más importantes otras preocupaciones como la delincuencia. Esta preocupación de la ciudadanía ha ido acompañada por una tendencia constante de victimización.
Así, los resultados mostrados por la encuesta de victimización realizada por el Barómetro de las Américas, muestran que el 28.1% de los encuestados manifestaron haber sido víctimas de la delincuencia durante el año 2012; para el mismo año, el delito de mayor incidencia referido por los encuestados fueron los de carácter patrimonial, en especial del delito de robo (al paso, vivienda, local, de vehículos o de autopartes), hurto y la extorsión.
Asimismo, se dio cuenta del incremento de manera importante del uso de la violencia en la comisión de los robos, tales como las armas blancas o cuchillos (20.7%), armas de fuego (14.6%), entre otras.
Ante tal situación, los miembros del Conapoc decidieron avanzar hacia un Plan Nacional de Política Criminal que priorice aquellos delitos que causan la mayor victimización y percepción de inseguridad en nuestro país.
En tal sentido, se estableció priorizar dentro del plan nacional los delitos patrimoniales y dar atención a la minería ilegal. Esta última ha generado una producción (oro ilegal) que se ha incrementado en más de ocho veces, es decir, de 200 mil onzas en el 2005 a más de 1 millón 700 mil al año 2011. Ello, según el diagnóstico, ha generado un perjuicio incalculable al Estado que va desde la destrucción de miles de hectáreas de bosques amazónicos, la corrupción y efectos negativos en la salud pública, a lo que se suma la defraudación tributaria que llegaría al 31% de las utilidades producidas, lo que habría generado una pérdida de casi 3 mil millones de dólares entre el 2005 al 2011.
También el plan incidirá a combatir la trata de personas, que, además de ser concomitante a la minería ilegal, genera explotación sexual (59% de los casos) y explotación laboral (29%), siendo las mujeres el 94% de las víctimas.
Asimismo, el plan abordará el sicariato o asesinato por lucro, que si bien se viene experimentando mucho en los ajustes de cuentas entre bandas organizadas, causan un impacto social muy grande por la modalidad de su comisión.
El Conapoc se reunió por tercera vez en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene en sus manos la conducción del consejo a través de la secretaria técnica. En la sesión estuvieron presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo Rivadeneyra; el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra; el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bárdales; el representante del Poder Judicial, Vocal Supremo Titular, Dr. Víctor Prado Saldarriaga; el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe; el representante de la Asociación de Municipalidades del Perú, Gino Costa Santolalla; el director General de la Policía Nacional del Perú, Gnrl. Jorge Flores Goicochea; el secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana Grl. (r) Roberto Villar Amiel; el representante de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo Torres, el secretario técnico de la Conapoc, Carlos Zoe Vásquez y representantes de las universidades públicas y privadas.
