En el año 2009, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó una autorización temporal de uso de área acuática y franja ribereña a la empresa Chancay Port, del grupo Ribaudo, en la bahía de Chancay, provincia de Huaral, para la construcción de un muelle de minerales.
En dicha oportunidad se dijo que el plan maestro elaborado por la empresa, cumplía con todos los puntos considerados en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, por lo que resultaba viable el otorgamiento de la autorización temporal.
Según el cronograma de inversión estimado por la empresa Chancay Port se programó que la obra proyectada comprendía dos etapas: La primera incluía la construcción y equipamiento de un amarradero de Terminales de Graneles, un amarradero de Terminales de Minerales y las áreas de almacenamiento correspondientes, habiéndose previsto su inicio en febrero del 2010 y culminación en diciembre del 2011, con una extensión de 22 meses.
La segunda etapa comprendía la construcción y equipamiento de dos amarraderos del Terminal de Contenedores, un amarradero del Terminal de graneles y las áreas de respaldo necesarias, estimándose su inicio en febrero del 2010 y su finalización en julio del 2012, extendiéndose por 30 meses.
Chancay Port debería pagar a la APN el derecho de vigencia anual por uso de área acuática y franja ribereña, de acuerdo al Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional.
Esta autorización, cobra vigencia a raíz de las recientes protestas de la población del Puerto de Chancay, que no desean por ningún motivo se construya el Megapuerto, porque significaría una catástrofe ecológica para Chancay, afectando las playas, los humedales, el turismo y sobre todo la pesca artesanal que sostiene la vida de un alto porcentaje de habitantes de Chancay y Huaral.
Como sostienen los porteños, la gente no ha tomado conciencia de este hecho. Los daños son mucho más grandes que los beneficios y sobre todo ¿ A quiénes beneficia económicamente esta obra ?
Andina
