Con la movilización de un equipo de 60 auditores a nivel nacional, la Contraloría General de la República inició el Operativo Canon, que determinará si los fondos que se obtienen por la explotación de recursos naturales, correspondientes al año 2011, fueron utilizados de manera legal y eficiente por los gobiernos regionales y locales.
La acción de control se realiza tras la presentación del Estudio “Distribución y Utilización de los Recursos del Canon, Sobrecanon, Focam y Regalía Minera en el Perú – Período 2011”, elaborado por la Contraloría General.
En dicho informe se determinó que, las entidades mencionadas contaban con un fondo ascendente a 15,344 millones de soles provenientes del canon, sobrecanon, regalías, Focam, rentas de aduanas y participaciones, pero solo utilizaron cerca del 60%.
Del mismo modo, se identificó que algunas entidades no priorizaron obras o proyectos de infraestructura que atiendan las necesidades de la población, que es el propósito del dinero del canon, sino que utilizaron esos recursos de forma ineficiente o para realizar pagos indebidos.
La Contraloría informó que el Operativo Canon comprende dos fases:
La primera, en la que se identificará si el fondo del canon se utilizó ilegalmente para el pago de remuneraciones y otras similares durante el año 2011.
Para ello se auditarán 30 entidades, que incluye a 2 gobiernos regionales (Loreto y Ucayali) y 28 municipalidades ubicadas en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Ucayali, por un monto superior a los S/. 138 millones, que incluye participaciones y rentas de aduanas en el caso de las administraciones ediles.
En una segunda fase del operativo, se verificará si los recursos del canon destinados para la ejecución de obras fueron administrados bajo los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y economía, en concordancia con las normas legales vigentes. Se auditarán 31 entidades, que incluyen 10 gobiernos regionales y 21 municipalidades.
«Las acciones de control del Operativo Canon permitirán, en forma paralela, identificar en las 61 entidades auditadas (doce gobiernos regionales y 49 municipalidades), las causas por las cuales los niveles de ejecución fueron bajos», señaló la Contraloría en un comunicado.
RPP
