Raúl Barrios, representante del consorcio español La Merced, ganador de la concesión para la construcción del penal de Huaral, expresó su indignación por la anulación del contrato para el inicio de las obras debido a «causas políticas».
Indicó que el entonces ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, ahora embajador en España, le manifestó el 29 de noviembre del año pasado, que «no se firmará el contrato por causas políticas», apenas dos días antes de la fecha establecida para la firma del contrato.
«Dijo que el congresista (Daniel) Abugattás había hecho observaciones al contrato y que iba a traer problemas en el futuro, que por eso no se firmaba y que esperaba llegar a un acuerdo amistoso», expresó.
«Es de Ripley», afirmó Barrios, al manifestar que los contratos de este tipo solo se pueden disolver por temas jurídicos o técnicos, pero no por razones políticas.
Señaló que el «acuerdo amistoso» con el Gobierno, pasa por el pago de una indemnización por la inversión que hizo el consorcio, que además ya había traído al Perú a ingenieros de España y tenían el diseño del penal terminado en un 90%. «Nos sentimos atropellados y realmente indignados«, sentenció.
Señaló que la argumentación del Gobierno para dar marcha atrás, habría sido porque la seguridad y el tema disciplinario son de responsabilidad exclusiva del Estado peruano, cuando ellos habían establecido que en el nuevo reclusorio no habría participación de la Policía ni de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
No obstante, dijo que esto queda desacreditado tras la emisión de un decreto supremo en que se delega esta responsabilidad tanto a entidades públicas como privadas.
Sin embargo, refirió que el actual titular de Justicia, Juan Jiménez, le manifestó que «el contrato no va» y lo que les corresponde es que inicien la denuncia al tratado con Perú.
«Nos hemos visto obligados a denunciar el tratado y estamos en un proceso de 6 meses de trato directo para llegar a un acuerdo, si no tendremos que ir a un arbitraje internacional», puntualizó.
