Decreto de Urgencia define acciones inmediatas para la mejora de las condiciones carcelarias.
El Gobierno aprobó un decreto de urgencia que permitirá al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ampliar en casi 5 mil plazas la capacidad de albergue de los diferentes penales del país antes de fin de año. Asimismo, contratará mil nuevos Servidores Penitenciarios, para mejorar la seguridad en los centros de reclusión. Las medidas permitirán reducir el hacinamiento y los riesgos que produce el escaso número de personal.
La norma establece la reducción de los tiempos para la contratación de obras y permite el concurso de asociaciones público privadas, a través de PROINVERSIÓN, para mejorar la seguridad en los penales del país, como el bloqueo de celulares y otras medidas conexas. “Es una medida efectiva e innovadora que plantea una ruta de solución definitiva al problema de las extorsiones del país”, señaló el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe.
De esta manera, se acelerará la construcción del nuevo penal de Cochamarca, que estará ubicado en el departamento de Pasco, para una población de mil internos de alta peligrosidad y que contará con una extensión de 8 hectáreas.
“Será un penal modelo para garantizar seguridad a la población y condiciones carcelarias del más alto nivel tecnológico, como lo ha dispuesto el Presidente de la República”, afirmó el Jefe del INPE. Además, se impulsará la ampliación de la capacidad para albergar a más internos este año en Chiclayo, Trujillo, Piura, Juanjui, Yurimaguas, Satipo, entre otros lugares.
Las medidas incluyen la asignación de 20 millones de soles para la instalación y rehabilitación de cercos de seguridad (concertinas) y equipos de comunicación y protección penitenciaria, los que serán implementados en penales como el de Challapalca, entre otras medidas.
El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) brindará asistencia técnica en los procesos de contratación mencionados. Para este efecto, el INPE contará con procedimientos especiales que aprobará el Ministerio de Economía y Finanzas.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, haciendo hincapié en que queda aún mucho por hacer, subrayó que estas medidas “son un primer paso para mejorar la seguridad y las condiciones carcelarias en el Perú, y continuaremos en nuestros esfuerzos con miras a lograr estándares que contribuyan efectivamente con la resocialización de los internos, como lo manda la Constitución”.
