El Tribunal Supremo de España condenó al Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación, una sentencia que supone la pérdida definitiva de su condición de juez.
Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal condenaron por unanimidad a Garzón por ordenar escuchar las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en un caso de corrupción.
Contenido relacionado
Baltasar Garzón, en el banquillo por Franco
Texto de la sentencia de la Sala de lo Penal
El fallo dice que Garzón realizó prácticas que hoy «sólo se encuentran en los regímenes totalitarios», en los que todo se considera válido para conseguir «la información que interesa al Estado».
Garzón se había defendido alegando que ordenó las escuchas para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde la cárcel.
El corresponsal de la BBC en España Tom Burridge comenta que la Corte Suprema aún está considerando su veredicto en un segundo y más controvertido caso en el que Garzón está imputado, el de la investigación de crímenes del franquismo, una causa vista para sentencia.
También Garzón está imputado en otra causa por unos cobros que supuestamente recibió por unas conferencias en Estados Unidos.
Garzón apelará
Muchos españoles salieron a manifestar su apoyo a Garzón
El juez rechazó «frontalmente» la condena y anunció que recurrirá la sentencia que, a su juicio, no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y de la que asegura “no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice, sencillamente, porque no existe. Lo inventa».
En una nota que presentó a los medios de comunicación, Garzón asegura que la sentencia «elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España».
“He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho siempre con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía», asegura.
La noche del jueves cientos de personas se concentraron en la Puerta del Sol del centro de Madrid para expresarle su apoyo al juez y consideraron “vergonzosa” la decisión del tribunal.
Notoriedad
La causa por investigación de crímenes del franquismo está vista para sentencia.
La sentencia de este jueves por el llamado en el «caso Gürtel» significa la caída de un «superjuez», quien adquirió gran notoriedad internacional al perseguir a los represores de los gobiernos de facto de Chile y Argentina.
Su trayectoria es algo único en la historia contemporánea de la justicia en España y el resto del mundo.
Su gran salto a la fama internacional ocurrió en octubre de 1998 cuando aceleró la detención del ex gobernante de facto chileno Augusto Pinochet en Londres bajo cargos de genocidio.
Para ese entonces ya llevaba una década como el juez en la Audiencia Nacional que manejaba las causas más incómodas, pero sus comienzos fueron mucho más humildes.
Peregrinaje
Baltasar Garzón Real nació en Torre, en la provincia andaluza de Jaén, el 26 de octubre de 1955. Era el segundo de cinco hermanos e hijo de un empleado de gasolinera y por el lado materno tenía ancestros agricultores.
Estudió en los seminarios de Baeza y de Jaén y luego siguió con el Derecho hasta licenciarse de la Universidad de Sevilla en 1979.
Ahí comenzó un largo peregrinaje por los juzgados de Andalucía hasta que en enero de 1988 pegó el gran salto al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Su llegada a esa instancia judicial, un tribunal de instrucción creado para centralizar causas de terrorismo y narcotráfico, no pasó inadvertida.
Garzón empezó con el caso GAL, una causa que involucraba a grupos paramilitares que llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales en el marco de la lucha contra el grupo separatista vasco ETA.
Años después varios funcionarios del gobierno socialista de Felipe González fueron condenados, incluido el exministro del Interior, José Barrionuevo.
Garzón dirigió varias causas contra el narcotráfico y los integrantes de ETA.
En 1993 pidió una excedencia de la carrera judicial y fue elegido diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Poco después fue nombrado por el gobierno de González como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas.
Su paso por el poder ejecutivo fue breve porque el siguiente año regresó a la carrera judicial y reactivó el caso GAL, un hecho que generó gran escozor entre los socialistas.
Entre 1996 y 1998 persiguió activamente a la cúpula de Herri Batasuna, el brazo político de ETA.
Sudamérica
Los procesos contra Garzón han sido muy controvertidos.
Para noviembre de 1998 la Audiencia Nacional ya había acordado que España tenía jurisdicción para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los gobiernos militares de la década de 1970 y 1980 en Sudamérica.
Para grupos de defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de la represión estatal, el nombre de Garzón se convirtió en sinónimo de paladín de la justicia internacional.
Pero otros criticaron al magistrado por dictar órdenes de arresto desde un país como España, que se atribuía la potestad de juzgar los abusos cometidos en América del Sur, pero se mantenía en silencio con respecto a los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el posterior gobierno militar de Francisco Franco.
Contra Bin Laden
Tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, Garzón volvió al protagonismo internacional con órdenes de prisión contra varios miembros de la red al Qaeda, incluido el propio Osama bin Laden.
Durante años el magistrado también intentó infructuosamente adelantar un proceso contra el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, por presuntos delitos fiscales relacionados con el manejo de sus canales de televisión.
Entre 2005 y 2006 volvió a ausentarse de la Audiencia Nacional mientras dictaba cursos sobre extremismo político en una universidad de Nueva York.
Fue en octubre de 2008 cuando decidió dedicarse a investigar el pasado franquista en España. La Audiencia Nacional decidió el mes siguiente que carecía de competencia para investigar esos hechos.
Garzón se había inhibido de la investigación en favor de los tribunales territoriales, pero en mayo de 2009 fue acusado de prevaricación, es decir, de haberse excedido a sabiendas en sus atribuciones al investigar crímenes que habían sido excluidos del accionar de la justicia con la Constitución española de 1978.
En su contra
La inhabilitación supone la pérdida definitiva de su condición de juez.
En enero de 2010 fue acusado de prevaricación y de cohecho por rechazar una querella contra el Banco Santander después de haberse costeado los cursos que dictó en Nueva York con dinero de la misma institución.
También fue posteriormente acusado de prevaricación por haber ordenado la grabación de conversaciones entre los acusados del caso Gürtel y sus abogados. Esa causa involucra a figuras del Partido Popular que supuestamente participaron en una trama de corrupción.
En 2010, el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial decidió por unanimidad suspender cautelarmente en sus funciones a Baltasar Garzón, después de que un magistrado del Tribunal Supremo acordara la apertura de juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo.
La sentencia de este jueves supone el fin de la carrera judicial de un «superjuez».
