Una organización de narcotraficantes colombo-mexicanos ha anunciado el pago de un millón de dólares por matar a tres fiscales contra el crimen organizado y un alto jefe policial.
El ofrecimiento fue conocido a través de la interceptación telefónica legal y declaraciones de colaboradores al interior de los penales de Trujillo y Lima.
La amenaza sería la respuesta de los narcotraficantes a la intervención, el 30 de noviembre, de un megalaboratorio de procesamiento de cocaína en Chilca, al sur de Lima.
Este operativo antidrogas fue encabezado por el fiscal Eduardo Castañeda Garay, de la 3ª Fiscalía Contra el Crimen Organizado, quien según los informantes encabezaría la lista de amenazados.
La identidad de los otros dos magistrados y el policía en peligro no ha trascendido, pero se supo que los fiscales Williams Montes y Guillermo Arellano, de la 1ra y 4ta Fiscalía Contra el Crimen Organizado, respectivamente, fueron objeto de seguimiento y reglaje por sujetos que se movilizaban en moto y en un auto negro. Eso sucedió el 25 de diciembre y la primera semana de enero.
Consultado al respecto, Castañeda aseguró que las amenazas no han perturbado su labor. «Nosotros aquí seguimos, trabajando«, afirmó, y esa actitud de no ceder al chantaje fue confirmada por el fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina
“Esto nos preocupa, naturalmente, pero no nos asusta. La lucha contra el crimen y el narcotráfico sigue adelante, aquí todos conocemos los riesgos y se toman las medidas de seguridad y precaución necesarias”, afirmó Chávez.
La policía ha incrementado la seguridad de Castañeda y se espera que haga lo mismo con Arellano y Montes. Los fiscales tienen seguridad durante los operativos antidrogas, pero se retiran a sus casas en combis, taxis colectivos o en su propia unidad móvil.
Interceptación
La oferta del millón de dólares fue escuchada, entre el 13 y 15 de diciembre, en Trujillo, durante el ‘chuponeo’ telefónico legal a una organización de narcotraficantes mexicanos.
Los objetivos del ‘chuponeo’ hablaron en clave, pero del diálogo quedó claro que un jefe narco, al que se refirieron como ‘El doctor’, estaba molesto porque le habían intervenido uno de sus laboratorios y detenido a sus químicos, con lo que se les impedía operar normalmente sus otros centros de producción de droga.
Además, afirmaron que se había coordinado el pago de un millón de dólares para asesinar a tres fiscales y un jefe policial, a los que responsabilizaban del operativo.
La fiscal de Trujillo comunicó el hallazgo a Lima, pues la organización que investiga en esa ciudad tiene inversiones en el distrito de Chilca.
Una semana después, un informante comunicó a la policía que en los penales Sarita Colonia del Callao y Castro Castro en Lima narcotraficantes habían organizado una bolsa de dinero para atentar contra el doctor Eduardo Castañeda y otros dos fiscales y que ya se había iniciado el reglaje.
La alerta adquirió mayor certeza cuando se reportó que el 25 de diciembre, entre las 5 y 7 pm., dos sujetos vestidos con ropa oscura y cascos, montados en una motocicleta, se estacionaron y esperaron durante una media hora cerca de la puerta de ingreso de la Sala Penal Nacional, en la primera cuadra de la avenida Uruguay, donde minutos antes había ingresado el fiscal Montes.
Los motociclistas solo se retiraron cuando en la zona se inició una trifulca que atrajo la atención de los escasos transeúntes y la policía.
Luego, uno de los vehículos que iban a recoger al fiscal Arellano fue seguido por un auto negro desde la sede de las fiscalías en el Jr. Carabaya, centro de Lima, hasta el parque La Bandera, en Pueblo Libre.
Al percatarse del seguimiento, el vehículo oficial hizo varios giros de comprobación.
“Se alejaron cuando dimos dos vueltas a la plaza La Bandera y se vieron descubiertos”, refirió el chofer de la Fiscalía.
En Chilca, a una hora de Lima
El 30 de noviembre del 2011 la Policía Antidrogas, en coordinación con el fiscal Eduardo Castañeda, interviene un laboratorio de procesamiento de cocaína en una parcela agrícola situada en la cooperativa “San Javier Alto”, distrito de Chilca, Cañete, a una hora al sur de Lima.
Dicho laboratorio procesaba pasta básica y clorhidrato de cocaína. Además, los insumos químicos, como la acetona y otros, eran reciclados para volver a ser utilizados. Al frente de esta organización se encontrarían un grupo de mexicanos.
Durante el operativo policial fueron detenidos cinco colombianos, un ecuatoriano y 13 peruanos. Los colombianos detenidos: Jesús Rosero Granobles, Carlos Rosero Granobles, Rafael Vélez Rengifo, Adrián Herrera Jiménez y Óscar Paredes eran los químicos de la organización, encargados del procesamiento de la droga y el reciclaje de los insumos químicos.
