Internet vivirá a partir de este jueves un cambio drástico en el modo en que sus dominios fueron gestionados en las últimas décadas.
A partir de ahora será posible registrar cualquier sufijo como dominio de primer nivel, lo que algunos auguran disparará la cantidad existente en la red global.
De los conocidos .com o .org, pasaremos a ver direcciones tipo .pepsi o .mcdonalds, previo pago de un precio nada módico de US$185.000.
clic La medida impulsada por el ICANN, organización responsable de asignar direcciones del protocolo IP a nivel internacional, ha sido objeto de críticas tanto de gobiernos locales, como de empresas y usarios. Lo que hace que muchos se cuestionen su verdadera utilidad.
Medida recaudatoria
«Es más recaudatorio que un servicio», explicó a BBC Mundo Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) en España.
«No creo que desde el punto de vista de un usuario tenga ningún beneficio, es un cambio muy drástico, complica la vida de un ciudadano. Internet es global, por eso siempre nos ha parecido que localizar dominios por país no es positivo. La gente prefiere un .com que es global», puntualizó.
Desde el punto de vista de AUI, no sólo los usuarios, si no también las empresas consideran que la apertura tan sólo conllevará complicaciones.
Muy caro
Una de las primeras es el precio de estos nuevos dominios.
Si las empresas quieren garantizar el suyo tendrán que abonar unos US$185.000 sólo para solicitarlos y una vez son aprobados aportar los US$25.000 anuales en cuotas de mantenimiento.
Algunos estiman que la inversión total podría alcanzar el medio millón de dólares.
Con este precio, el dueño del dominio se asegura su control y por tanto la administración de las direcciones que se asocien a él (de segundo nivel), tal y como pasa hoy con la .com.
Ciberocupas
Esto ha generado críticas principalmente por parte de organizaciones sin ánimo de lucro, quienes tendrán que gastar sumas considerables para defenderse de los llamados ciberocupas, personas que compran dominios de internet buscados, por ejemplo, por grandes empresas, para revenderlos.
El mes pasado, se reportó que Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y otras 26 organizaciones internacionales escribieron al ICANN pidiendo que protegiera sufijos como .imf.
Y no sólo empresas, en diciembre, la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos advirtió también a este organismo que la medida «tiene el potencial de aumentar el uso y abuso del sistema de dominios, así como los obstáculos que encontramos a la hora e rastrear el fraude en internet».
La Asociación Nacional de Publicistas de ese país, que engloba algunas de las mayores compañías estadounidenses, también se opuso a la expansión de dominios.
Ventajas
Pero ICANN considera que el mundo de registros de dominios necesita un cambio.
Peter Dengate Thrush, exdirectivo de ICANN, explicó a la BBC que «nadie diseñará un nombre de dominio para los millones de usuarios que hoy usan un par de nombres, en un sistema que arrancó en 1985».
Se cree que la expasión de dominios resolverá el problema de no poder registrar el nombre de una página por no estar éste disponible.
También se espera que haya interés de empresas y organismos asiáticos ya que el nuevo dominio podrá contener carácteres no latinos y esto permitirá a estos países incorporar sus sistemas de escritura.
Conflictos geográficos
Pero más allá de las empresas, Stuart Durhman, de Melbourne IT DBS, otra empresa de gestión de dominios, afirma que podría darse un gran interés en el registro de lugares geográficos.
«Muchas extensiones geográficas en discusión son .london o .nyc, que tienen un sólido argumento de negocio», dijo.
«Hemos tenido extensiones como .cat, de la comunidad catalana, que ha ido muy bien».
Sin embargo, algunos temen que el tema podría generar conflictos con lugares como Wellington, capital de Nueva Zelanda, pero nombre a su vez de muchos otros lugares en el mundo.
A pesar de las críticas, un centenar de empresas mostraron ya su interés por registrar su dominio propio.
Según explicó Durhman, el 25% de estas peticiones fueron de empresas incluidas en la lista de Fortune 500 (lista que incluye a las mayores empresas estadounidenses cuyas cuentas están disponibles públicamente).
