Pese a que en marzo de este año, el consorcio español integrado por la empresas Montealto, Exeteco y Eulen ganó la concesión para construir y administrar el penal Aucallama, en Huaral, el Ministerio de Justicia aún no firma el contrato para la obra y ya han pasado ocho meses.
De concretarse su ejecución –estimada en S/.90.4 millones–, se convertiría en el primer penal del país privatizado, en el marco de la reforma iniciada en el gobierno anterior y que, de funcionar, se podría replicar en otros establecimientos. Aunque tal posibilidad no es vista con buenos ojos por el nuevo gobierno.
AL BORDE DEL COLAPSO
De acuerdo con el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, el hacinamiento en la cárceles ha llegado a un punto crítico pues actualmente hay una sobrepoblación de 25 mil reos .
Según detalló, en los últimos meses, han ingresado mil presos cada 30 días. “Para enfrentar el problema se debería construir un penal al mes”, aseguró. No obstante la situación crítica, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, ha informado – durante reciente presentación en el Congreso–, que en 2012 su sector construirá solo dos penales.
Perú21 consultó al Ministerio de Justicia (Minjus) sobre la concesión de Huaral pero no obtuvo respuesta. Trascendió que este portafolio ha solicitado a la Defensoría del Pueblo un informe sobre el alcance de la seguridad interna de la cárcel de Huaral, el cual pondría en tela de juicio la facultad de concesionar a un privado esta actividad. El Minjus no sería el único ente en contra. En setiembre pasado, en una visita a Lurigancho, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, cuestionó la privatización.
