- Presidente Alan García durante el lanzamiento del Libro de Reclamaciones para el sector privado, realizado esta semana. Foto: ANDINA/Oscar Durand
El Gobierno dispuso hoy la obligatoriedad de que todas las instituciones del Estado implementen un Libro de Reclamaciones, en el que los ciudadanos puedan dejar constancia de sus reclamaciones ante el servicio que reciben cuando realizan trámites en estas instancias.
De esta manera se cumple el anuncio del presidente Alan García de hacer extensivo este mecanismo, previsto en el Código del Consumidor, que posibilita a los consumidores quejarse por los malos servicios o productos que reciban.
En un decreto supremo, el Ejecutivo señala que la implementación del libro de reclamaciones en el Estado “tiene por finalidad establecer un mecanismo de participación ciudadana para lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atención en los trámites y servicios que se les brinda”.
La norma establece que ante un reclamo por un servicio del Estado, la entidad pública está obligada a dar respuesta al usuario, por medios físico o electrónicos, en un plazo máximo de 30 días hábiles, informándole, de ser el caso, acerca de las medidas adoptadas para evitar hechos similares.
También que la Contraloría será la entidad competente, a través del órgano de control constitucional, para conocer y sancionar el incumplimiento de lo dispuesto en esta norma
Según señaló esta semana el mandatario, la establecimiento del libro de reclamaciones “fortalece y consolida” la democracia, porque permite al ciudadano defender sus derechos en su condición de consumidores, y participar y “tener voz” en la marcha del mercado.
Añadió, entonces, que con este mecanismo se termina la época en que ante un mal servicio o producto el consumidor no podía hacer nada.
El decreto, publicado hoy en las Norma Legales del diario oficial El Peruano, es refrendado por el presidente Alan García y la jefe de Gabinete, Rosario Fernández.
(ANDINA).
