Se ha vuelto una constante que cada cierto tiempo el sistema penitenciario se convierta en el tema de discusión por su grave situación. Desde el 2006 ha habido siete cambios en la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la mayoría por renuncias derivadas de la mala administración y falta de seguridad en los penales. A ello se agrega cambios en las direcciones de los penales, como en el caso de Lurigancho, que ha tenido este año tres, o las innumerables requisas a los presos en el interior de los pabellones.
La policía ha perdido el control del penal de Lurigancho y la inseguridad se percibe por la presencia de ‘taitas’ en cada uno de los 20 pabellones, una especie de delegados que ‘administran’ la alimentación, el espacio, la seguridad de los nuevos presos, el tráfico de drogas y el alcohol en cada zona.
En cada pabellón hay solo dos policías: uno es el alcaide y el otro funge de ayudante. Ellos solo controlan desde la puerta el pabellón hasta las 6:00 p.m., hora en que los internos son obligados a ingresar al pabellón. Lo que pasa dentro, después de las 6 p.m., ya escapa del control policial. En total son 282 policías asignados en Lurigancho, divididos en dos turnos, los cuales no se dan abasto para el control interno y externo de una población estimada en 8.500 reos.
HACINAMIENTO
Esta falta de control se debe, según las fuentes consultadas por este Diario, al hacinamiento.
El especialista en temas penitenciarios, José Luis Pérez Guadalupe, sostiene que es la sobrepoblación en los penales lo que origina el peligro en las cárceles.
“El problema es que la institución encargada, que es el INPE, no está en posibilidades de manejar el sistema con 45 mil presos en todo el país. No se da abasto ni en cantidad ni calidad del personal, no hay escalafón, no hay buenos sueldos”, dice.
Con él coincide el ex jefe del INPE Wilfredo Pedraza. Agrega que este problema, junto con la mezcla de la población penal primaria (que supera la mitad del total) con los reincidentes genera que la primera se vea expuesta a un “aprendizaje de la cultura delictiva”.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, también ve en el hacinamiento un problema mayúsculo. Este es estructural y tiene una raíz en el Poder Judicial. “Cerca de un 60% de la población penal es procesada, no ha sido condenada. Estas personas están dentro de las cárceles mientras dura su proceso y ocupan espacio dentro del sistema”, afirma.
LA CONCESIÓN: UNA SALIDA
¿Qué hacer ante ello? La titular de Justicia asegura que desde el 2006 ya se están haciendo esfuerzos para revertir el problema. Menciona las ampliaciones en varios penales del interior del país y la construcción de uno nuevo, el de Piedras Gordas II, en Ancón. En total, contando las obras que se realizarán el próximo año, Fernández asegura que se habrán aumentado en 10.410 cupos para presos en las diferentes cárceles del país. Pero la capacidad de albergue anda por la mitad, ya que hay 45.783 reclusos y la capacidad de internamiento es de 24.683.
Según las proyecciones que maneja la ministra, la población penal el 2016 será de 62.781 reos. Se espera que con el plan para mejorar la infraestructura proyectado hasta ese año, la capacidad de albergue alcance los 52.500 presidiarios.
Tanto Pérez Guadalupe como Pedraza subrayan la necesidad de avanzar hacia la concesión de las prisiones. Este modelo privado, aseguran los especialistas, podría darle un respiro al sistema y mejorar las condiciones de los internos en los penales.
La ministra Fernández dice que se está desarrollando dicha alternativa. En dos meses, calcula, Pro Inversión tendrá listo todo para iniciar el proceso de licitación de una nueva cárcel en Huaral. Actualmente el costo para el Estado por preso al día es de unos siete dólares y con el modelo privado el costo llegaría a 14 dólares. La empresa concesionaria se encargaría de la seguridad, salud y alimentación de los internos.
Control de visitas fue un caos
El anunciado reforzamiento del control del ingreso y salida de visitas femeninas al penal de lurigancho anunciada por los ministros de Justicia, Rosario Fernández, y del interior, Miguel Hidalgo Medina, no funcionó. Ayer hubo largas colas para ingresar y otras interminables para salir. Abandonar la cárcel demoró más de cuatro horas cuando lo normal era una hora.
Las 1.800 fichas de metal con que cuenta el penal para el control personal y las 900 de madera que dio ayer el ministerio de Justicia no fueron utilizadas. Solo fueron mostradas a los periodistas. Hasta el martes, a los visitantes se les sellaba el brazo y solo mostraban a la policía su DNI, pero ayer se decidió que las 3.500 mujeres, acompañadas por 1.300 niños, mostraran y dejaran sus documentos en la zona de vigilancia. El caos se produjo a la hora de salida, cuando todos reclamaban sus DNI. La gente protestó y muchos permanecieron hasta casi las 10 p.m., a pesar de la presencia de los policías de refuerzo, 90 hombres y 60 mujeres que llegaron al penal para apoyar el control de ingreso y salida, y la labor de la policía canina para detectar droga y armas.
PRECISIONES
Siete jefes
Desde el 2006, el inpe ha tenido siete jefes: Rosa Mavila León fue nombrada el 2/8/2006 y renunció el 1/2/2007 por falta de apoyo del ministerio de Justicia. Le siguió Benedicto Jiménez, quien salió al mes por infidencias en las investigaciones sobre Fernando Zevallos.
El 27/3/2007 asumió Gustavo carrión Zavala y luego Leonardo Caparrós Gamarra, quien renuncia el 26/2/2009 por la fuga de 4 reos, con hábeas corpus falsos.
Jorge León Ballén renuncia (26/12/2009) por el cuestionado indulto a José enrique crousillat. Le siguió Rubén Rodríguez Rabanal. En su gestión fue asesinado manuel Vásquez coronado, director del penal Castro Castro. Luego fue nombrado el actual jefe Wilson Hernández.
