El jefe de Estado, Alan García Pérez, dispuso esta mañana el cese del directorio del Banco de Materiales así como de tres gerentes, luego de conocerse los casos de otorgamiento irregular de préstamos de la entidad para obtener una vivienda.
Asimismo, el gobernante dispuso la suspensión de actividades por 48 horas en dicha entidad.
«Cesamos al directorio en su conjunto. Ceso a los tres gerentes comprometidos y al gerente general, adicionalmente, a todos los funcionarios. Se hará un cambio total del Banco de Materiales», afirmó.
García Pérez dijo haber sido «impresionado, sorprendido y conmovido», por la denuncia periodística que reveló que el Banmat favoreció de manera irregular a 38 trabajadores de su institución para obtener un préstamo del proyecto habitacional «Los Alamos», además de distribuir de manera irregular el pago de utilidades.
El dignatario indicó que, conocido el tema, llamó al secretario general del Apra, Mauricio Mulder, para saber si alguno de los implicados en este caso formaba parte del partido de gobierno, determinándose que «ningún aprista (estaba) involucrado».
No obstante, cuestionó que inclusive el auditor interno, que actúa en representación de la Contraloría, haya aprovechado su posición para beneficiarse con un crédito, pese a poseer una propiedad y tener un alto sueldo, factores que lo excluían de este beneficio.
«En mi concepto deben ser directamente enjuiciados y denunciados ante la Fiscalía las personas que teniendo viviendas se han aprovechado para darse créditos que no les correspondían por tener viviendas y salarios superiores», puntualizó.
Consideró «poco elegante y poco ético» que funcionarios del Banmat se hayan aprovechado de un beneficio al tener información privilegiada en torno a determinados proyectos inmobiliarios.
«No es elegante y debería establecerse desde ahora en adelante, que cuando uno trabaja en un sitio no puede beneficiarse por más que legalmente esté facultado. No debe, no es ético, no es elegante», anotó
Aclaró que el cese también incluirá a lo empleados, que como ‘pepe el vivo’, decidieron aprovecharse de la situación.
«No creo que tengan el mérito para que sigan trabajando en el Estado. Lo mejor sería que todos ellos abandonen el Estado como una demostración de que todos tenemos que ser transparentes. Lo mejor es cortar por lo sano y echar a todos los pillos», recalcó.
«Afuera todos los sinvergüenzas del Estado. No puede ser que vengan a malograr el trabajo. Aquí se está trabajando firmemente para 2 millones de peruanos en agua potable, se hacen 60 mil viviendas, pero no faltan unos pillastres que quieren aprovechar para si mismo los temas que el estado propone», agregó.
Mencionó que algunos implicados podrán considerarse inamovibles por tener la calidad de «estables» en el aparato estatal, por lo que solicitó al Congreso que apruebe la ley de la carreta administrativa publica, para poder evaluar a cada funcionario y capacitarlo cuando necesita preparación.
Fuente: Andina Noticias.
